Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 225

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crático institucional y por promover la movilización de masas como una vía a la
«democracia social». 11
Desde el gobierno, hubo quienes vincularon —sin precisar la naturaleza del
vínculo— la protesta sindical con los atentados terroristas. El ministro del Inte-
rior, José María de la Jara, señaló que el nuevo jefe de Seguridad del Estado, el
general PIP Edgar Luque, tenía «la misión de deslindar si existe un nexo entre la
toma de fábricas, la violencia, la agitación laboral y el terrorismo». 12 El primer
ministro Ulloa Elías señalaba una «coincidencia» entre los actos terroristas y los
conflictos laborales. 13 El senador Alva Orlandini sostenía que había una campaña
contra el sistema democrático y que «a los actos de terrorismo desatados en la
sierra central se aúna la agitación en los centros laborales y en el campo». 14
Adicionalmente a las manifestaciones de las autoridades políticas, el director su-
perior de la Guardia Civil, teniente general Jorge Balaguer, señaló a las agrupa-
ciones de izquierda como responsables de «alterar la paz social con paros, huel-
gas y actos subversivos». 15
Una variante de esta segunda tesis fue la que atribuía los primeros actos de
sabotaje y terrorismo a la actividad residual de los seguidores del general Juan
Velasco Alvarado quien, durante su período gubernamental (1968-1975) había
instaurado un sistema de movilización social de carácter estatal como comple-
mento de las reformas sociales que puso en práctica.
Dos enfoques en conflicto
Además de diferencias de diagnóstico, en el gobierno de AP se presentaron dos
enfoques generales distintos sobre la manera de enfrentar la subversión.
Uno de ellos ponía énfasis en el trabajo policial y se mostraba receloso de
encargar la represión de los actos terroristas a las Fuerzas Armadas. El otro recla-
maba, por el contrario, responder con fuerza a la subversión, es decir, optar por
la respuesta militar.
Ambas tendencias estuvieron en pugna, pero en situación de equilibrio du-
rante la segunda mitad del año 1980, para variar en la segunda mitad del año
1981. Durante 1982, según se incrementaban las actividades terroristas del PCP-
SL, la posición del gobierno se fue decantando progresivamente a favor de la
opción militar. Ésta fue adoptada definitivamente al final de diciembre, cuando
se decidió el ingreso de las Fuerzas Armadas en Ayacucho.
Ya en octubre de 1980 se había manifestado la alternativa de responder con
dureza a la subversión. El 20 de ese mes el senador Alva Orlandini propuso un
proyecto de ley que declaraba traidores a la patria a los responsables de actos
de sabotaje y terrorismo. La iniciativa fue respaldada por el primer ministro
Ulloa Elías, pero no fue aprobada en el Congreso. El mismo senador Alva
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En Desco 1981 véase un panorama del pensamiento de izquierda referido a la importancia de la
movilización social.
El Comercio, 15 de septiembre de 1981. En Desco 1989: 377.
La República, 22 de septiembre de 1982. En Desco 1989: 382.
Expreso, 28 de septiembre de 1982. En Desco 1989: 387.
El Comercio, 6 de septiembre de 1980. En Desco 1989: 367.