Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 184
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La visión idealizada de Guzmán de un campesinado autárquico, ajeno a los
mecanismos de mercado y dedicado a la producción de autosubsistencia, no se
correspondía con la realidad ni siquiera en las zonas más atrasadas de Ayacucho y,
definitivamente, estaba en las antípodas de la situación existente en la sierra cen-
tral, una de las regiones cuyo campesinado estuvo más fuertemente vinculado con
el mercado.
El resultado real fue que, en 1990, las diecisiete comunidades del Alto Cunas
hicieron un pacto con los militares y se comprometieron a organizar rondas cam-
pesinas. Algún tiempo después figuraron entre las primeras comunidades del país
que recibieron una donación de armas entregadas personalmente por el presiden-
te Alberto Fujimori.
Los comités de autodefensa tomaron paulatinamente control de la zona y
terminaron por expulsar al PCP-SL. En 1992, el Ejército tenía registrados 1,568
ronderos sólo en el Alto Canipaco, con organización y disciplina militar. El orden
social se restableció poco a poco y, nuevamente, las comunidades eligieron
autoridades propias. La guerra había terminado.
En la selva central, el conflicto armado se expandió al territorio asháninka de
los ríos Ene y Tambo. A lo largo de 1989, el control que venía ejerciendo el PCP-SL
en esta zona dio paso al arrasamiento de comunidades nativas y pueblos de colo-
nos. Entre 1989 y 1992 se produjo el 62% del total de muertos o desaparecidos
reportados a la CVR en la selva central. Para el PCP-SL la región tenía importancia
estratégica. Los ríos Tambo, Ene y Pichis constituían un corredor natural que
permitía vincular el trabajo desarrollado en la selva ayacuchana y en el río Apurímac
con la región del Huallaga. Esa zona era, además, la retaguardia natural para el
despliegue senderista desde la sierra central. Pero el asentamiento del PCP-SL en
la región no se basó únicamente en la coerción y el terror ejercidos contra los
nativos. Como había sucedido en las otras regiones, también hubo numerosos
asháninkas que se incorporaron a las filas senderistas voluntariamente, lo cual
no es extraño si consideramos que muchos de ellos estaban acosados por la
creciente presencia de colonos y creyeron encontrar en el PCP-SL el instrumento
eficaz para la defensa de sus intereses contra el asedio externo. Como en otras
regiones donde el PCP-SL ejerció plenamente el poder, la utilización de la población
incluyó hasta a los niños más pequeños, a los cuales se utilizaba en tareas riesgosas,
al mismo tiempo que se les formaba como futuros combatientes.
Entre los años 1989 y 1990, se alcanzó el punto más elevado en el desarrollo
del asentamiento senderista en la región. La decadencia vendría con la caída de
Abimael Guzmán y el posterior debilitamiento de las estructuras partidarias.
Los crecientes abusos del PCP-SL provocaron la reacción de los nativos. Pero los
subversivos estaban decididos a permanecer en la región sin reparar en los cos-
tos sociales que ello acarreara. Comenzaron a impartir escarmientos a las comu-
nidades nativas. El 18 de agosto de 1993, en una incursión que se extendió por
los pequeños poblados a orillas del río Sonomoro, fueron asesinados hombres,
mujeres y niños. El saldo fue de 62 asháninkas muertos y aproximadamente 2,500
damnificados.
La violencia ejercida contra la población tanto por el PCP-SL como por las
fuerzas de seguridad del Estado tuvo un rasgo en común: el grado de brutalidad