Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 184

171 La visión idealizada de Guzmán de un campesinado autárquico, ajeno a los mecanismos de mercado y dedicado a la producción de autosubsistencia, no se correspondía con la realidad ni siquiera en las zonas más atrasadas de Ayacucho y, definitivamente, estaba en las antípodas de la situación existente en la sierra cen- tral, una de las regiones cuyo campesinado estuvo más fuertemente vinculado con el mercado. El resultado real fue que, en 1990, las diecisiete comunidades del Alto Cunas hicieron un pacto con los militares y se comprometieron a organizar rondas cam- pesinas. Algún tiempo después figuraron entre las primeras comunidades del país que recibieron una donación de armas entregadas personalmente por el presiden- te Alberto Fujimori. Los comités de autodefensa tomaron paulatinamente control de la zona y terminaron por expulsar al PCP-SL. En 1992, el Ejército tenía registrados 1,568 ronderos sólo en el Alto Canipaco, con organización y disciplina militar. El orden social se restableció poco a poco y, nuevamente, las comunidades eligieron autoridades propias. La guerra había terminado. En la selva central, el conflicto armado se expandió al territorio asháninka de los ríos Ene y Tambo. A lo largo de 1989, el control que venía ejerciendo el PCP-SL en esta zona dio paso al arrasamiento de comunidades nativas y pueblos de colo- nos. Entre 1989 y 1992 se produjo el 62% del total de muertos o desaparecidos reportados a la CVR en la selva central. Para el PCP-SL la región tenía importancia estratégica. Los ríos Tambo, Ene y Pichis constituían un corredor natural que permitía vincular el trabajo desarrollado en la selva ayacuchana y en el río Apurímac con la región del Huallaga. Esa zona era, además, la retaguardia natural para el despliegue senderista desde la sierra central. Pero el asentamiento del PCP-SL en la región no se basó únicamente en la coerción y el terror ejercidos contra los nativos. Como había sucedido en las otras regiones, también hubo numerosos asháninkas que se incorporaron a las filas senderistas voluntariamente, lo cual no es extraño si consideramos que muchos de ellos estaban acosados por la creciente presencia de colonos y creyeron encontrar en el PCP-SL el instrumento eficaz para la defensa de sus intereses contra el asedio externo. Como en otras regiones donde el PCP-SL ejerció plenamente el poder, la utilización de la población incluyó hasta a los niños más pequeños, a los cuales se utilizaba en tareas riesgosas, al mismo tiempo que se les formaba como futuros combatientes. Entre los años 1989 y 1990, se alcanzó el punto más elevado en el desarrollo del asentamiento senderista en la región. La decadencia vendría con la caída de Abimael Guzmán y el posterior debilitamiento de las estructuras partidarias. Los crecientes abusos del PCP-SL provocaron la reacción de los nativos. Pero los subversivos estaban decididos a permanecer en la región sin reparar en los cos- tos sociales que ello acarreara. Comenzaron a impartir escarmientos a las comu- nidades nativas. El 18 de agosto de 1993, en una incursión que se extendió por los pequeños poblados a orillas del río Sonomoro, fueron asesinados hombres, mujeres y niños. El saldo fue de 62 asháninkas muertos y aproximadamente 2,500 damnificados. La violencia ejercida contra la población tanto por el PCP-SL como por las fuerzas de seguridad del Estado tuvo un rasgo en común: el grado de brutalidad