Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 168

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En Lima Metropolitana y su región hay dos claros ejemplos del inicio de la
escalada senderista desde 1985: primero, el atentado contra el presidente del
Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada, el 24 de abril de 1985; y,
segundo, el apagón seguido de acciones de sabotaje, especialmente el estallido de
coches bomba por las inmediaciones de Palacio de Gobierno y Palacio de Justicia,
además del incendio de varios centros comerciales, cuando el presidente argenti-
no Raúl Alfonsín era agasajado por su colega peruano Fernando Belaunde, el 7 de
junio de ese año. Fue la primera oportunidad en que el PCP-SL utilizó la modali-
dad de coches bomba para realizar sus acciones.
Como se ha señalado antes, en estas circunstancias, Socorro Popular creció en
importancia en el conjunto de la actividad senderista en Lima. Además de la diná-
mica empleada por los encargados de Socorro Popular, ocurrió un hecho impor-
tante que remeció al Comité Metropolitano y que, finalmente, lo dejó en segundo
lugar respecto de Socorro Popular: los sucesos de los penales.
En junio de 1986, se produjeron motines sincronizados de los presos acusados
de terrorismo en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Éstos
concluyeron con la intervención de las fuerzas del orden que produjo una gran
cantidad de internos muertos.
En realidad, la historia de este hecho había empezado el año anterior. A medi-
da que fueron realizándose las campañas del Gran Salto, los internos de los
penales limeños, sujetándose a las directivas de militarización del aparato, con-
virtieron sus centros de reclusión en «luminosas trincheras de combate». En
estas circunstancias, el 13 de julio de 1985, los presos de El Frontón, Lurigancho
y Callao iniciaron motines simultáneos para ser considerados «presos
especiales», presionando, desde entonces, a las autoridades para adquirir más
ventajas. Sin embargo, el motivo principal era oponerse al inminente traslado
de internos hacia el nuevo penal de Canto Grande y, de ese modo, impedir que se
desbarate el aparato de dirección y el tejido de comunicaciones con el exterior
que habían organizado en las cárceles. El 4 de octubre de ese año, la tensión
acumulada dio lugar a una intervención de las fuerzas del orden que terminó
con 32 acusados de terrorismo muertos en el penal de Lurigancho.
Siguiendo la consigna de provocar al Estado para «inducir el genocidio» y así
desenmascarar al gobierno fascista de García Pérez», los senderistas recurrieron al
asesinato selectivo. El 24 de octubre de 1985, fue asesinado Miguel Castro Castro,
director del penal de El Frontón. El 15 de enero de 1986, un enfrentamiento entre
familiares de presos por terrorismo y la Guardia Civil, cuando se inauguraba el
penal de Canto Grande, dio corno resultado un muerto y catorce heridos. El 31 de
enero fue asesinado un capitán de la Guardia Civil, y el 5 de febrero, el comandan-
te (r) EP Rubén Izquierdo, que perteneció a los servicios de inteligencia.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el 7 de febrero se declaró el estado de
emergencia en Lima y El Callao.
Esta decisión gubernamental fue vista corno un «éxito» por los líderes del
PCP-SL, quienes proclamaron: «hemos obligado a que ponga [el presidente García]
en emergencia a la propia capital de la República» (PCP-SL 1986c). Según sus
cálculos, el ansiado genocidio realizado por el Estado estaba a punto de llevarse a
cabo pues «van a tener que imponer el terror en los barrios pobres, porque en Las