Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 166

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En este contexto, el término colono se refiere a la población no nativa, principalmente andina, que
había fluido a la zona desde los años 60, cuando el Estado impulsó la «colonización» de la selva
proveyendo, entre otros incentivos, rutas de acceso como la Carretera Marginal y otras vías.
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En octubre de 1988, todo el departamento de Junín y la provincia de Oxapampa
ya habían sido declarados en estado de emergencia. El PCP-SL había organizado
numerosos «comités populares» en el valle del Ene, por lo que disponía de «bases
de apoyo» para sus incursiones. Amplió su presencia a los distritos de Río Tambo,
Pangoa y Mazamari; instaló registros en lugares clave del tráfico fluvial, las inme-
diaciones de Puerto Ocopa, capital del distrito de Río Tambo, zona de ingreso a los
tres grandes valles (Ene, Tambo y Perené). El PCP-SL estuvo presente prácticamente
en toda la provincia de Satipo. Si bien su primer asentamiento estuvo vinculado a la
población colona, 31 el PCP-SL se hizo fuerte en algunas comunidades nativas,
especialmente asháninkas, donde enroló población, a veces compulsivamente, y
arrasó los poblados donde no era aceptado.
En la región nororiental, y en particular en el Huallaga, la historia del PCP-SL
muestra las particularidades del vínculo con la población cocalera, en el contexto
del auge de precios de derivados ilícitos de la hoja de coca. El Alto Huallaga es
uno de los pocos lugares donde el PCP-SL logró controlar un territorio extenso
por un largo período de tiempo, entre ocho y doce años. Es también la zona donde
se ha registrado la mayor cantidad de muertos después de Ayacucho, particular-
mente en las provincias de Leoncio Prado (Huánuco) y Tocache (San Martín).
La presencia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región obli-
gó a los mandos senderistas a desarrollar una política de coexistencia que incluía
el cobro de cupos por las avionetas que salían con cargamentos de droga, la pro-
tección del traslado de la droga y eventuales alianzas para controlar territorios. A
partir de 1987, el PCP-SL empezó a «liberar zonas» expulsando a la policía de sus
cuarteles. Impuso a los narcotraficantes la disolución de sus pandillas de sicarios
y los obligó a una alianza para regular el tráfico de droga y garantizar a los pro-
ductores de hoja de coca un precio de venta que les resultara provechoso.
Con el crecimiento del narcotráfico, a partir de 1987, el PCP-SL impulsó una
segunda fase, en la cual, además de asesinar dirigentes políticos, alcaldes, dirigen-
tes comunales y funcionarios públicos, destruyó locales municipales, puentes, edi-
ficios públicos, y tornó numerosos pueblos y ciudades. Además, realizó atroces
«juicios populares» que culminaron en el asesinato de quienes se oponían a la
organización terrorista. En el último período de esta fase, las acciones subversivas
se extendieron hasta dos provincias del departamento de Loreto. En Ucayali, la
capital de la provincia de Padre Abad, Aguaytía, se convirtió también en centro de
operaciones del PCP-SL. Hacia comienzos de la década del noventa, se estimaba
que aproximadamente la tercera parte de las fuerzas principales y locales del «ejér-
cito guerrillero popular» estaban actuando en la región.
En el sur andino se abrió desde 1986 otro espacio de guerra en el altiplano
puneño, superpuesto a la tensión entre las comunidades y las empresas asociativas
creadas por la Reforma Agraria. Tales tensiones se agudizaron al iniciarse el go-
bierno de García Pérez. Los obispos de Puno se reunieron con Alan García y le