Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 14

discriminación y la exclusión de base étnica y de género, el tema de la endeble y
deforme presencia de la autoridad y los servicios estatales en el territorio, la
profundas fallas del sistema educativo nacional y las persistentes desigualdades
socioeconómicas, entre varios otros factores.
A partir de esos mensajes, se realizó una propuesta que hoy cabe reiterar.
Podríamos describirla en términos de tres círculos concéntricos. En el centro se
encuentra el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y las reparaciones. Ése es el primer e indispensable paso para construir una
democracia, pues ahí está en juego la realidad de un Estado que cumple sus
deudas con sus ciudadanos, sin hacer distinciones de clase o de cualquier otra
forma de poderío social.
Ese primer círculo, el de la paz con justicia, se halla contenido dentro de un
círculo más amplio cuya dimensión temporal es el largo plazo y cuyo horizonte
es la perdurabilidad futura de la democracia. Se trata de las reformas
institucionales. Mediante ellas, tradujimos al lenguaje de la política la problemá-
tica compleja e inagotable de la reconciliación tal como la entendió la Comisión:
una sutura de las brechas de desigualdad de muy diverso signo que hacen tan
vulnerable la vida en el Perú. Sin embargo, traducir no equivale a reducir ni mucho
menos a banalizar. Hay dimensiones, circunstancias, urgencias del problema de la
reconciliación que desbordan esa propuesta institucional. Nos referimos a una
realidad rotundamente vivida en tantas aldeas de los andes: la inevitable coexis-
tencia de víctimas con perpetradores y las formas en que éstas, obligadas por un
presente acuciante, asistidas por ciertas tradiciones de reintegración readapta-
das, redinamizadas, hacen las cuentas pacíficamente para restaurar su tejido so-
cial y su institucionalidad política local. Se trata de soluciones de emergencia e
incompletas, pues la justicia queda pendiente; es un tributo que dichas poblacio-
nes, todavía ignoradas por el Estado y por sus órganos de administración de
justicia, deben rendir a sus necesidades impostergables de seguir adelante con
sus vidas. Nos toca reflexionar seriamente sobre nuestras demoras y negligencias
en la atención a ese problema.
Las reformas institucionales que propuso la Comisión de la Verdad han sido
desatendidas. Ni el sistema educativo ni la presencia de la autoridad democrática
en el territorio nacional ni, mucho menos, la organización de las fuerzas armadas
han experimentado cambio alguno relacionado con las lecciones dejadas por la
violencia. Ello es explicable. Hacer reformas institucionales del tipo que se pro-
puso implica no solamente pericia normativa y sabiduría técnica, sino, en primer
lugar, toma de decisiones políticas. El Perú de hoy no tiene recursos institucionales
para que tales decisiones políticas sean tomadas. Quienes hacen política en nues-
tro entorno actual carecen en su mayoría de la necesaria idoneidad profesional y
ética para ello. Pero eso no tendría que ser un impedimento para que se tomaran
decisiones democráticamente constructivas. El segundo cerrojo que impide el
cambio que necesitamos es la inexistencia de reglas de juego y de una arquitectu-
ra organizativa e institucional que incentiven y obliguen a los que toman decisio-
nes a comportarse leal y honradamente, aunque ello signifique marchar en contra
de sus deseos y ambiciones personales.
VII