Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 13

En relación con esto último, hay que señalar algo más: algunos contradictores,
tal vez demasiado perezosos para organizar un argumento técnico, han optado
por refugiarse en un razonamiento que puede ser, según como se lo considere, o
una inatacable verdad moral o una rotunda falacia: se dice que es inconducente
y hasta inmoral centrar el debate en una estimación cuantitativa dado el valor
absoluto de cada vida humana singular. Eso es, desde luego, muy cierto en el
plano de la axiología. Pero cuando discutimos sobre el pasado y el futuro de una
sociedad democrática, es cierto asimismo, desde los horizontes de la lógica y de
la moral, que los números también importan, y más aún cuando se habla de
vidas humanas, pues lo que aquí está en cuestión es, precisamente, el
desvelamiento de la inhumanidad de los actores, de las políticas y de los valores
que hicieron factible los crímenes en tan enorme escala. Los números marcan, de
alguna manera, la diferencia entre lo accidental y lo deliberado, entre el simple
error o exceso y el cálculo estratégico. Por último, la escala de la que hablamos,
bien mirada, es una incitación a la reflexión moral en sí misma, al mismo tiempo
que una renovada exigencia de profundas reformas políticas e institucionales.
El Informe Final de la CVR mostró también las implicancias legales de los he-
chos descritos, esto es, los crímenes contra la humanidad cometidos por las orga-
nizaciones subversivas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA), y también por los actores armados estatales y paraestatales.
Mucho se podrá debatir —por desconocimiento o por obstinación; también, cier-
tamente, por interés científico— sobre las cifras globales que presentamos al país.
Pero ningún argumento podría negar que, sea que empleemos las estimaciones
producidas, sea que usemos la cifra de los nombres registrados, encontramos una
misma realidad: crímenes que por su recurrencia sólo pueden ser descritos como
voluntariamente perseguidos. Eso implica una desautorización y una condena
sin ambages a proyectos autodenominados revolucionarios como el de Sendero
Luminoso o el del MRTA; también trae consigo una censura sin tibiezas a la ra-
zón de Estado cuando ella es concebida como principio superior a la vida huma-
na y a la vigencia de los derechos fundamentales.
Sobre la criminalidad de Sendero Luminoso y del MRTA nunca hubo lugar a
ambigüedades. Sin embargo, la Comisión hizo a este respecto algo distinto y que
debe ser más eficaz, para nuestra cultura democrática, que emitir simples epíte-
tos. La CVR demostró minuciosamente la naturaleza de esos delitos y su cuali-
dad de crímenes contra la humanidad. En cuanto a las violaciones de derechos
humanos perpetradas por agentes del Estado, todavía hay quienes quieren verlas
con benevolencia. La Comisión, que siempre reconoció y afirmó el derecho y la
obligación del Estado de defenderse de la agresión armada, se negó sin embargo
a medir con doble rasero los crímenes en cuanto tales. Las actuales investigacio-
nes forenses sobre los casos del cuartel Los Cabitos y las matanzas de Putis nos
dan la razón.
El Informe documentó esos hechos y sobre la base de ellos realizó una inter-
pretación. Sin atenuar un ápice las responsabilidades concretas, esa interpreta-
ción llamaba la atención sobre rasgos históricos e institucionales de la sociedad
peruana que constituyeron el telón de fondo del proceso: la subsistencia de la
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