Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 128

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Central Hidroeléctrica del Mantaro en la sierra central, la mayor proveedora de
energía del país.
Por entonces, el PCP-SL se dispuso a iniciar la segunda ola, que duró de mayo
a julio de 1981 y que tuvo tres momentos correspondientes a otros tantos objeti-
vos: primero, «conquistar armas y medios»; segundo, «remover el campo con ac-
ciones guerrilleras»; y, tercero, «batir al enemigo». Según Guzmán, fue una enor-
me sorpresa la facilidad con que se creó el vacío de poder en vastas zonas donde
actuaban. Pero este «éxito» los obligó a tomar una decisión no considerada origi-
nalmente en el Plan de Inicio de la Lucha Armada, y que se alejaba de la experien-
cia maoísta, como fue la de iniciar la construcción del «nuevo estado» mediante
«comités populares» en las zonas donde habían creado «vacío de poder». En agos-
to se inició la tercera ola, que duró hasta septiembre de 1981, básicamente con
características semejantes a las anteriores.
La cuarta sesión plenaria del Comité Central realizada en mayo de 1981 preci-
só los planes iniciales para el desarrollo de la «guerra de guerrillas» y acordó in-
tensificar la violencia. Si lo que se buscaba era crear vacío de poder, entonces era
necesario aplicar el aniquilamiento selectivo. De otro lado, si el número de accio-
nes debía aumentar, era necesario que sus seguidores fueran más audaces y asu-
mieran mayores retos. A esto último se le denominó «la cuota» que tenía que pa-
garse; así, también se incitaba al Estado a replicar de manera desproporcionada a
fin de que «muestre su faz antidemocrática».
Al acercarse el fin de 1981, los integrantes de los destacamentos del PCP-SL
habían acumulado ya una cierta experiencia militar. El 11 de octubre, cincuenta
personas conducidas por un grupo de subversivos armados arrasaron el puesto
policial de Tambo, en la provincia de La Mar, Ayacucho, mataron a tres policías y
se apoderaron de dos metralletas y tres revólveres. La consigna de conseguir ar-
mas «batiendo» a las Fuerzas Policiales se cumplía en el campo y en la ciudad,
donde se asesinaba a guardias civiles para arrebatarles sus revólveres.
El 12 de octubre el gobierno declaró en estado de emergencia cinco de las siete
provincias de Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo),
suspendió por sesenta días las garantías constitucionales relativas a la libertad y la
seguridad individual, y envió al destacamento policial contrasubversivo de los
sinchis a Ayacucho. La desinformación de los funcionarios estatales seguía siendo
muy grande. El viceministro del Interior, Héctor López Martínez, sostuvo por en-
tonces que los grupos terroristas tenían apoyo internacional y señaló como res-
ponsables de las acciones subversivas, además del PCP-SL, al PCP Pukallacta y al
MIR IV Etapa, organización que había dejado de existir en 1979.
En el siguiente balance de febrero de 1982, Abimael Guzmán señalaba como
grandes logros de la «guerra popular» haber forjado el temple del partido, haber
permitido la formación y construcción de una fuerza armada dirigida por el parti-
do y la cantidad grande y la calidad cada vez más alta» que alcanzaban sus accio-
ne armadas.
El país tomó conciencia de la magnitud del problema a raíz de la fuga del
centro penitenciario de Huamanga, el 12 de marzo de 1982. Según Guzmán, la
idea original era llevar a cabo un plan de fuga de alcance nacional, pero no les fue
posible coordinar un proyecto de esa envergadura. Sin embargo, lograron la fuga