Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 107

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cionaria (MIR) que luego formaron parte del MRTA. En aquella oportunidad,
uno de los principales líderes del pueblo asháninka, Alejandro Calderón, había
colaborado con el Ejército Peruano en la captura de los guerrilleros del MIR.
Veinticinco años después, en 1989, el MRTA decidió «ajustar cuentas» con Ale-
jandro Calderón, quien fue asesinado junto con otros dos dirigentes asháninkas.
Ello desató una guerra entre la nación asháninka y el MRTA en la provincia de
Oxapampa a raíz de la cual la organización subversiva fue prácticamente aniqui-
lada en la zona.
Debe anotarse que 1989 fue un año nefasto para el MRTA en la región. Debili-
tado por su confrontación con el PCP-SL y la reciente captura de Víctor Polay
Campos, su dirección nacional quiso dar un «golpe de impacto» mediante la toma
de la ciudad de Tarma en abril de 1989. Asignó esa misión a su mejor personal
militar, pero la operación fue desbaratada por el Ejército en un enfrentamiento en
la localidad de Molinos.
Por su parte, a inicios de la década de 1990, el PCP-SL buscó consolidar nuevas
bases de apoyo y zonas de refugio en la selva central penetrando en la provincia
de Satipo por el sur a través del río Ene y sus afluentes. Para ello comenzó a captar
algunos sectores de la población asháninka y colonos de la zona e inició un largo
proceso de violencia que significó el sometimiento y el exterminio de comunida-
des nativas enteras, cruentos enfrentamientos con los comités de autodefensa y
las fuerzas del orden y operaciones punitivas en contra de comunidades controla-
das por uno u otro bando. La presencia del PCP-SL en los territorios asháninkas
significó una verdadera tragedia para ese pueblo. La CVR considera que tales he-
chos reclaman una mayor investigación a fin de elucidar si pueden tipificarse como
correspondientes a alguna de las modalidades del delito de genocidio.
La difícil geografía de esta parte del país permitió al PCP-SL mantener durante
varios años áreas de refugio en el monte y en las zonas más inaccesibles de la
selva. En el año 2003, algunos de estos refugios todavía albergaban precariamente
a los últimos remanentes de la facción de la organización subversiva que había
decidido continuar la lucha armada, a pesar del llamado a un «acuerdo de paz»
hecho por Abimael Guzmán en 1993.
La región nororiental fue otro de los escenarios principales del período com-
prendido entre 1989 y 1992. Como se indicó anteriormente, en el valle del Huallaga,
el PCP-SL, con el objetivo de consolidar su control sobre la población, buscó im-
poner un cierto «orden social» que regule la relación entre narcotraficantes y pro-
ductores de hoja de coca, «protegiendo» a estos últimos de los operativos de re-
presión estatal. Este control significó, además, ejercer funciones de «justicia local»
en reemplazo del Estado, a partir de la sanción severa de las conductas considera-
das como antisociales. Siguiendo su estrategia nacional el principal objetivo de la
organización subversiva en la zona fue crear bases de apoyo entre la población
campesina cocalera, y reprimió duramente cualquier tipo de oposición, lo que
motivó un elevado número de víctimas fatales.
Sin embargo, la compleja realidad del narcotráfico y la cantidad de recursos
que esta actividad moviliza tuvieron un impacto importante en la dinámica y la
estrategia local del PCP-SL, lo que se reflejó en los mayores márgenes de autono-
mía de los cuales aparentemente gozaba el «Comité Regional Huallaga» respecto