Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 10

ción peruana de los años 2000 y 2001 no fue del todo diferente: una coreografía de
actores autoritarios que se hallaban de salida, intentando guardarse las espal-
das lo mejor posible, y de actores civiles y democráticos que procuraban que se
restableciera la competencia electoral por el poder. Sin embargo, en ciertos con-
textos una transición puede adquirir un significado más rico: puede abrir el
camino a un saneamiento legal de la sociedad y ser ocasión, entonces, de la
restitución de instituciones políticas democráticas. En el caso peruano, eso
significó limar —aunque no revocar del todo— una legislación autoritaria que se
había ramificado bajo el pretexto de combatir la amenaza armada al Estado. Por
último, cuando las oportunidades de cambio son asumidas con mayor
profundidad, una transición es también el punto de inicio de una cierta
democratización; esto es, de una transformación de la sociedad, pero no solamente
en lo relativo al trance autoritario precedente, sino también, y sobre todo, en lo
que atañe a las fallas colectivas que preexistían al autoritarismo y a la violencia.
El momento de la transición peruana poseía, pues, una valencia superior. El
período 2001-2003 fue o pudo ser, también, una de esas circunstancias, no muy
frecuentes en la vida de una sociedad, en las cuales la política se revela como una
potencia de creación de lo inexistente y lo deseable, distinta de un entendimiento
de ella como simple tramitación de lo existente y lo posible. El trabajo de la Co-
misión se situaba, precisamente, dentro de una comprensión de la transición como
kairós, como situación carismática; un tiempo y un espacio emancipados de la
rutina burocrática, de los rigores paralizantes del cálculo, de una normatividad
vacía de sentido y convertida en su propia finalidad. No se necesitaba menos, por
otra parte, para afrontar cuestiones tan graves como las que se hallaban en juego
en el Perú en lo que respecta a la violencia. Por ello, en la Comisión entendimos
que si se quería construir paz con justicia en el país, los peruanos debían marchar
a contracorriente de los viejos y malos hábitos políticos; es decir, que se precisaba
un verdadero espíritu de ruptura.
Emprendimos y desarrollamos nuestro trabajo con esa esperanza; al mismo
tiempo, lo emprendimos sabiendo que las energías democratizantes y
transformadoras liberadas por la transición requerían, para sostenerse y rendir
frutos tangibles, que se cumpliera una condición paradójica: que ese ímpetu
creativo y transformador hallara, sin dejar de serlo, sus vías de realización en una
cierta institucionalidad estatal y social; que ésta le brindara canales formales por
los cuales desplegarse y concretarse hasta convertirse en decisión pública y en
acción del Estado. Esa estructura institucional para el cambio —y no para la con-
servación de las injusticias— no existía en el Perú en ese entonces y no existe por
desgracia todavía. Bien mirado, nos animaba una esperanza apoyada, como toda
esperanza, en bases inciertas: mantener el espíritu de refundación, de transfor-
mación, de reforma radical aunque, por la debilidad institucional del país, y en
especial aquella que agobia a nuestro sistema político, ese espíritu pareciera con-
denado a ser efímero y, por ello, en última instancia, ineficaz.
Esa difícil realidad no atenuó la pasión y la convicción con la que cumplimos
nuestro trabajo. Sabíamos también que, si las tendencias creativas de un país son
III