Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 366

Diseñar e implementar los PTGR como
instrumentos de carácter estratégico y pros-
pectivo, que orienten y permitan priorizar las
intervenciones y las inversiones a nivel muni-
cipal y departamental. Los PTGR pretenden
contribuir a la apropiación del conocimiento de
los escenarios de riesgo, a la aplicación de inter-
venciones integrales para la reducción y el control
de los riesgos, y al fortalecimientos de la accio-
nes para el manejo de los desastres. Teniendo en
cuenta que estos instrumentos denotan un carác-
ter altamente participativo, el conjunto de agentes
institucionales y sociales que intervienen en su
diseño e implementación, deben estar involucra-
dos en la toma de decisiones. Así, se deben esta-
blecer las agendas o planes de acción articuladas
entre las entidades responsables, para desarrollar
procedimientos internos, definir tareas y canali-
zar y optimizar la utilización de recursos disponi-
bles (entidades municipales, empresas públicas,
sector privado, gobernaciones, CAR, etc.), pues
los PTGR deben posibilitar la orientación del
presupuesto requerido para la gestión del riesgo
de cada una de las entidades según sus funcio-
nes. La planificación debe estar acompañada de
una mayor inversión, por esto a las instancias de
Planeación y Hacienda les corresponde fortalecer
los mecanismos de asignación de recursos y de
verificación de las condiciones de seguridad de
los distintas políticas y tipos de gasto, para ratifi-
car, desde su origen, la reducción del riesgo en el
ámbito municipal y distrital.
Formular e implementar la política na-
cional para la intervención de asentamientos
en riesgo, que fije los lineamientos para la zoni-
ficación del territorio, la definición de criterios
de mitigabilidad y las estrategias para la acción.
Los POT municipales deben establecer claramente
el manejo de las zonas ubicadas en alto riesgo, de
acuerdo con la política nacional que lo defina. La
mitigabilidad se puede entender como una condi-
ción en la que es factible técnica, económica, so-
cial y políticamente intervenir un territorio para
reducir el riesgo, a efectos de que permanezcan
la población, la infraestructura y las actividades
económicas dentro de los márgenes razonables y
socialmente aceptables de seguridad (Ramírez &
Rubiano, 2009). Esto significa la necesidad de ela-
borar un análisis integral que permita definir si un
territorio con riesgo alto puede ser o no mitigable.
Dependiendo de la condición definida, se deberán
establecer acciones específicas de intervención, en
las cuales se consideran, entre otros, las obras de
mitigación (cuando es mitigable) o el reasenta-
miento de familias (cuando no es mitigable). En
algunas ciudades con mayor capacidad de gestión
se ha avanzado en el establecimiento de criterios de
reducción de riesgo y de políticas de intervención;
sin embargo, la adopción de una política nacional
permitirá brindar a los municipios herramientas
para el debido desarrollo de acciones orientadas al
manejo de zonas de alto riesgo.
Reducir el número de viviendas en zonas
de alto riego, por medio de la implementación
de los programas de mejoramiento integral de
barrios y reasentamiento de familias en zonas
de riesgo no mitigable. La focalización de accio-
nes orientadas a la reducción de la exposición y
la vulnerabilidad es una opción efectiva para dis-
minuir las condiciones de riesgo. Esto significa
incorporar en los POT y en los PD proyectos e
inversiones específicas, enfocados en la imple-
mentación de estos dos programas como ejes
fundamentales para reducir el riesgo existente. El
desarrollo de dichos programas conlleva a la par-
ticipación de las diferentes entidades municipa-
les para que su intervención se realice de manera
completa e integral; sectores relacionados con la
vivienda, la educación, la salud, el bienestar so-
cial y los servicios públicos, entre otros, deben
trabajar mancomunadamente. Por otra parte,
y con el fin de proteger las zonas que han sido
reasentadas, se requiere la creación de progra-
mas de vigilancia y control del uso y ocupación
Balance final y recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres
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