Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 365

con el objetivo de suplir la necesidad de infor-
mación para el manejo del riesgo como parte de
la gestión y planificación territorial.
Revisar estructuralmente las deficien-
cias en las capacidades para la evaluación del
riesgo de desastres en aras de dar una respuesta
efectiva a la demanda de conocimiento para los
POT y los PD. Si bien se ha hecho un esfuerzo
importante para adelantar estudios de amenazas
y riesgos en el país, son escasos los resultados
que se tienen en los diferentes niveles territoria-
les que permitan tomar decisiones adecuadas en
su reducción. Su evaluación debe seguir un en-
foque prospectivo, considerando la posibilidad
de que se presenten eventos futuros altamente
destructivos; por lo tanto, la estimación del ries-
go debe orientarse hacia la aplicación de mode-
los, que permitan emplear la escasa información
disponible para predecir los posibles escenarios
catastróficos en los cuales se considere la alta in-
certidumbre involucrada en el análisis. Igualmen-
te se deben aumentar la eficacia y eficiencia de los
registros sistemáticos de pérdidas y daños, ya que
son fundamentales para dimensionar el verdade-
ro impacto de los desastres. La implementación
de una estrategia de apoyo técnico, coordina-
da entre las entidades nacionales y los departa-
mentos, es imprescindible para la actualización
a futuro de estos escenarios de riesgo, así como
la formulación de los nuevos POT municipales y
los PD de las jurisdicciones de menos de 50 mil
habitantes. De acuerdo con la Ley 507 de 1999,
el Gobierno Nacional ha implementado la asis-
tencia técnica a los municipios, especialmente a
través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, la anterior Dirección de Gestión del Riesgo
y algunas CAR. No obstante, se requiere aunar
esfuerzos de otras entidades gubernamentales,
como el IGAC, el DANE, el Ideam, el Servicio
Geológico Colombiano y universidades o cen-
tros de investigación, con el fin de optimizar la
adquisición de información requerida por los
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municipios para la planificación y gestión terri-
torial, teniendo en cuenta la cobertura y escala
apropiadas. Por su parte, es preciso que los de-
partamentos lideren y apoyen con mayor fuerza
la formulación de los POT municipales y la in-
corporación de la gestión del riesgo en los PD.
Fortalecer las capacidades de las go-
bernaciones como instancias de coordina-
ción natural de los municipios, aclarando sus
competencias en gestión del riesgo desastres
de acuerdo con los criterios de concurrencia y
subsidiariedad que establece la Constitución
y las posibilidades que ofrece la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial. La recientemente
aprobada Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial ofrece alternativas para fortalecer la función de
los entes territoriales en la gestión del riesgo, espe-
cialmente en los departamentos donde el común
denominador de casi todos los municipios son
indicadores de pobreza preocupantes y niveles de
capacidad institucional bajos, como por ejemplo
Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vicha-
da, la mayoría de municipios de la costa Pacífica
(Chocó, Cauca y Nariño) y gran parte de los mu-
nicipios del Caribe (La Guajira, Magdalena, Su-
cre, Córdoba, con excepción de sus capitales de
departamento). Esta Ley también promueve una
mayor delegación de funciones y competencias
del nivel nacional hacia el orden territorial, la eli-
minación de duplicidades entre la administración
central y descentralizada y los entes territoriales,
el fortalecimiento de la región administrativa y
de planificación, del departamento como nivel
intermedio de gobierno, del municipio como
entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, la acción conjunta y
articulada de los diferentes niveles de gobierno
a través de alianzas, asociaciones y convenios de
delegación, el diseño de modalidades regionales
de administración para el desarrollo de proyectos
especiales, el incremento de la productividad y la
modernización de la administración municipal.
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas