Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 159

tanto los sistemas como las entidades que los con-
forman trabajan de forma desarticulada y no han
logrado una interiorización adecuada de la gestión
del riesgo de desastres (Recuadro 2.6).
Siguiendo el enfoque de procesos, es
posible identificar los principales perfiles
y entidades responsables en los ámbitos de
la gobernabilidad, el conocimiento y la infor-
mación, la reducción del riesgo y el manejo de
desastres, teniendo en cuenta, además, la arti-
culación entre los demás sistemas mencionados.
En la Tabla 2.10 se realiza una síntesis de fun-
ciones, responsables y niveles de articulación
en el marco de los procesos para la gestión del
riesgo. La Figura 2.7 presenta, a manera de
ejemplo, cómo podría ser la visión del sistema
donde los responsables de la gestión del ries-
go en la administración pública participen en
cada uno de los niveles de gobierno, y se identi-
fican aspectos ya mencionados sobre cómo las
entidades que generan conocimiento desapare-
cen en lo regional y local y cómo el SINA tiene
otra estructura que no depende de gobernacio-
nes y municipios, lo cual significa un reto para
la articulación.
Desde lo legal, el sistema que tiene una
relación más estrecha con el SNPAD es el am-
biental, lo cual es lógico, dado que la mayor
parte de las situaciones de riesgo se deben a
desequilibrios creados por el hombre en su
relación con los ecosistemas; sin embargo,
existe la necesidad de que se unifiquen crite-
rios y se lleve a una práctica más generalizada.
La Ley 99 de 1993 crea el SINA y el Ministerio
del Medio Ambiente como “organismo rector de
la gestión del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, encargado de impulsar una
relación de respeto y armonía del hombre con la
naturaleza y de definir, en los términos de la pre-
sente Ley, las políticas y regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación, conservación, protec-
ción, ordenamiento, manejo, uso y aprovecha-
miento de los recursos naturales renovables y el
medio ambiente de la nación, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible” (art 2). Además, establece
que las CAR son entes corporativos de carác-
ter público, encargados por la ley de adminis-
trar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de con-
formidad con las disposiciones legales y las po-
líticas del Ministerio. Así, según el art. 5 de esta
Ley, su función es “Promover, en coordinación
con el Ministerio de Gobierno, la realización
de programas y proyectos de gestión ambiental
para la prevención de desastres, de manera que
Recuadro 2.6. Limitaciones frente a la articulación entre los sistemas de planificación, gestión del riesgo,
gestión ambiental y educación
• No existe una coherencia sólida entre el bloque de normas ambientales y aquel de normas relativas a riesgos y desastres; hay algunos contactos
específicos que no conllevan a una verdadera actuación conjunta.
• Son insuficientes los niveles de conocimiento en temas específicos de gestión del riesgo entre los funcionarios del sector educativo en los diferentes
niveles territoriales.
• La Contraloría y la Procuraduría tienen atribuciones suficientes para realizar un control eficaz a las entidades públicas de los distintos niveles, en
particular, frente a los asuntos ambientales y de riesgo, que no están siendo debidamente utilizadas.
• El tema de gestión del riesgo se aborda de manera muy limitada en la educación.
• Son pocos los programas integrales de capacitación en gestión del riesgo.
• Falta una cultura que incorpore la gestión del riesgo. Los medios de comunicación se utilizan poco en el proceso de sensibilización.
• La producción intelectual, en cuanto a investigaciones, sigue siendo muy poca, por lo que se hace necesario buscar mecanismos para apoyar y sostener
los grupos ya existentes y crear estrategias para la creación de nuevos grupos en el tema.
Fuente: Ingeniar Ldta., 2011.
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Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas