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y telecomunicaciones. En agosto de 2016, el modelo estaba
integrado por 297 empresas y 1,443 estudiantes de 91
planteles educativos (20 Colegios de Estudios Científicos
y Tecnológicos, tres planteles de la Dirección General de
Educación Técnica Industrial y 68 planteles del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica) de 15 estados.
En la actualidad, los Institutos Tecnológicos cuentan
con más de 400 convenios internacionales vigentes con
empresas como Hewlett-Packard Company, Robert Bosch
México, General Electric, Volkswagen, General Motors,
Nissan, Mazda, Chrysler, Honda, Toyota, Samsumg, Wurth,
Condumex, Monroe, Idesa, Auto LIF, Tenaris Tamsa, Kimberly
Clark de México, Mitsubishi de México, Lear Corporation,
Johnson Controls, Santander, Opencourseware, Universia,
Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Schneider
Electric, entre otras. En complemento, el gobierno mexi-
cano ha firmado acuerdos de cooperación bilateral para
el aprovechamiento de los programas de formación dual
a nivel internacional. Entre los países con los que existen
estos acuerdos se encuentran Canadá, Suiza, Japón, Francia
y Alemania.
El Sistema de Información y Gestión
Educativa y la protección del derecho
a la educación de los migrantes
Ante un escenario de intenso dinamismo en el contexto
global, la política migratoria del actual presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, se concentró en que México
estableciera como prioridad la defensa de los derechos
fundamentales de los mexicanos que se encuentran en el
extranjero. En el aspecto educativo, una de las acciones que
vulneran especialmente a niños y jóvenes mexicoamerica-
nos es la decisión de Trump de poner fin al Programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( daca , por
sus siglas en inglés) en el año 2016. Esta decisión continúa
afectando directamente el derecho a la educación de miles
de niños y jóvenes migrantes o hijos de migrantes mexica-
nos radicados en la unión americana.
Ante este escenario internacional, el gobierno mexi-
cano impulsó acciones para defender el derecho a la
educación de los denominados dreamers. Asimismo, para
garantizar que los niños y adolescentes repatriados ten-
gan acceso a la escuela y no pierdan la continuidad de sus
estudios, el Ejecutivo Federal determinó como obligación
el aseguramiento de un lugar en el Sistema Educativo Na-
cional para estos jóvenes, por medio de proponer medidas
legislativas para la revalidación de estudios en educación
básica y media superior. Tras la nueva política migratoria
estadounidense, el gobierno mexicano, a través de los po-
deres Ejecutivo y Legislativo, promovió el enriquecimiento
de la Ley General de Educación mediante la aprobación de
la “Iniciativa Preferente”, presentada por Enrique Peña Nieto
en febrero de 2017. Dicha iniciativa tuvo como objetivo:
“otorgar facilidades a las personas migrantes que regresan
al país para incorporarse al Sistema Educativo Nacional, sin
importar su condición migratoria ni los documentos con
los que cuentan” (Poder Ejecutivo Federal, 2017).
Por su parte, la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos de la Cámara de Diputados realizó foros de
consulta en los que el entonces subsecretario de Educación
Básica, Otto Granados, indicó lo siguiente:
Es de suma importancia conocer el perfil y la escolari-
dad de las personas que son repatriadas. El año pasado
[2016], de los 219 mil 932 repatriados, 203 mil 637, es
decir, 93.6% fueron adultos y 13 mil 752 (6.3%) eran niñas,
niños y adolescentes. Del total de estas personas, 194
mil 571 (89.5%) fueron hombres y 22 mil 818 (10.5%)
fueron mujeres. De los connacionales que regresaron,
64 mil 814 (29.47%) tenían secundaria completa; 57 mil
622 (26.20%) presentaban primaria completa; 23 mil 775
(10.81 %) con preparatoria o equivalente completa; 1 mil
979 (0.90%) licenciatura; 22 con posgrado (0.01%) y 10
mil 293 (4.68%) sin estudios. En algunos de estos casos,
las personas con primaria incompleta (21 mil 113, 9.60%)
y secundaria incompleta (25 mil 248, 11.48%) son parte
del universo que se tienen que reinsertar de manera
inmediata al Sistema Educativo Nacional y aquellos que
vienen con una preparatoria terminada.
Tras este diagnóstico, el gobierno mexicano consideró
que para asegurar el derecho a la educación de la población
en cuestión era necesario facultar a la Secretaría de Educa-
ción para validar, mediante criterios y normas generales, los
estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional
mediante el Sistema de Información y Gestión Educativa.
Tal como apuntan la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y las
Comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales
del Senado de la República en sus respectivos dictámenes
aprobatorios a la Iniciativa Preferente, el Ejecutivo Federal
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