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prestadores de servicios educativos comerciales estadounidenses en esos países a partir
de la firma de tales tratados” (Bizzozero y Hermo 2009: 95). De todos modos, el hecho
de que las modalidades de provisión ya señaladas se encuentren habilitadas exige un
monitoreo constante, de cara a evaluar potenciales consecuencias de estas políticas.
Los nuevos tratados comerciales de “mega-bloques”
El nuevo impulso para la firma de tratados comerciales ha provenido de distintas
iniciativas, entre las cuales las más impactantes han sido las vinculadas a la
conformación del mega-bloque Pacífico y del Atlántico. Entre estos tratados, se
encuentran los recientemente acordados Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) entre Canadá y la Unión Europea, el Trans Pacific Partnership (TPP),
así como las propuestas del Trade in Service Agreement (TISA) y del Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP). Estas iniciativas se destacan, por un lado, por el
hecho de que abarcan a un conjunto más amplio de países que los acuerdos bilaterales,
pero no obstante se negocian por fuera del marco de la OMC. Y, por el otro, debido a
que en el sector servicios se negocia bajo una nueva lógica, que ensancha
significativamente el alcance esperado de la liberalización (Pose 2016).
En concreto, mientras que en el GATS los países negocian bajo el formato de “listas
positivas”, esto es, hacen ofertas sobre las distintas áreas en las que están dispuestos a
asumir nuevos compromisos, tanto en acceso a mercados como en trato nacional, en
los nuevos tratados el trato nacional es negociado a partir de “listas negativas”, en las
que se estampan las áreas donde no se desean asumir compromisos, mientras que todo
lo demás queda implícitamente incluido. Y, además, se prevé la inclusión de “clausulas
cremallera”, por las que un país no puede deshacer sus concesiones en trato nacional
una vez otorgadas, y solo puede hacerlo en acceso a mercados re-monopolizando un
sector (Pose 2016).
Como resulta evidente, esta estrategia negociadora resulta más propicia para la
inclusión de las distintas modalidades de servicios educativos –incluyendo a la
educación superior-, en tanto su exclusión requiere la movilización de una coalición anti-
liberalizadora que logre poner explícitamente a los servicios educativos en la lista de
sectores protegidos por los estados nacionales. Por ello, tanto la European University