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Desde el punto de vista de la teoría económica, el Estado cumple con un servicio público
al plantear las políticas educativas. Sin embargo, no puede catalogarse a la educación
superior como un bien público stricto sensu en la medida, que hay proveedores privados
que brindan educación y además porque hay costos marginales que son asumidos
individualmente.
De esta manera, el debate se ha abierto y complejizado en la caracterización como bien
de la educación, sobre todo y específicamente en la superior. Este debate no se
circunscribe obviamente al bien en sí, sino también atañe el papel que cumple el Estado
y la Universidad y el tema sensible de los contenidos que se piensan y de los
fundamentos y principios sobre los cuales se construye la internacionalización de la
educación superior.
Como salida al tema, se ha propuesto definir a la educación como un bien público global,
puesto que genera externalidades positivas que traspasan las fronteras nacionales, pero
que dado que se financia al interior de los Estados, existen incentivos para conductas
free-riders. Sin embargo, esta definición acarrea el riesgo de subordinación de las
políticas nacionales a los objetivos e intereses de los actores más poderosos del sistema
internacional, y por ello los países en desarrollo se han manifestado en una posición
contraria a la misma.
Una posible salida al punto, que se comparte por quienes redactan este documento,
supone dar un giro al debate, para centrarse no en el carácter económico del bien sino
en su carácter social. En este sentido, la educación superior actúa como bien público por
el amplio conjunto de externalidades sociales positivas que produce: generación de
conocimiento, tanto básico como aplicado; formación de profesionales, y con esto
incremento del capital humano agregado; oportunidades de movilidad social
ascendente; provisión de bienes culturales, entre otros. Es por esto que, a lo largo del
planeta, se observa con mayor o menor intensidad la apuesta del sector público a la
educación superior, y aunque estos esfuerzos son en ocasiones complementados por
mecanismos de financiamiento privado, la conducción permanece en la esfera del sector
público. Así, esta noción de bien público social implica que la internacionalización de la
educación superior recorra un sendero no comercial, para adoptar en cambio esquemas
de cooperación y colaboración basados en mecanismos alternativos.