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La Conferencia Mundial de la UNESCO de 1998, que congregó a un amplio espectro de
actores gubernamentales, políticos y sociales relacionados con la educación superior,
generó una declaración sobre la educación superior para el siglo XXI (UNESCO 1998) que,
en términos de las ideas, puede ser considerada tanto una respuesta como una
alternativa a la visión propuesta por el BM y la OMC. Dicha declaración, que aborda los
mismos temas ya mencionados, tales como la masificación de la demanda, la creciente
importancia del conocimiento en el desarrollo socioeconómico individual y de las
sociedades, la emergencia de nuevas modalidades de provisión y las tendencias sobre
internacionalización, propuso otro conjunto de respuestas que la distancian de las ideas
revisadas hasta el momento.
En concreto, la declaración se estructura en torno al concepto de la educación superior
como un bien público, y en la reivindicación del derecho al acceso a la enseñanza
superior. Y, como consecuencia, aunque reconoce el rol del financiamiento privado,
reclama el reforzamiento del financiamiento público en general, y del rol del Estado en
particular, en el marco de una concepción de educación superior que la reconoce como
un servicio público. Asimismo, enfatiza reiteradamente la importancia de asegurar la
pertinencia social de las orientaciones de la educación en los distintos contextos, lo que
implica reconocer que no todas las sociedades presentan las mismas necesidades, y que
por tanto las estrategias de desarrollo de las instituciones educativas deben atender
estas particularidades. Por otra parte, reposiciona al personal y a los estudiantes de las
instituciones como principales protagonistas de la educación superior, distanciándose
implícitamente del perfil empresarial del docente e investigador promovido en las
reformas del BM.
Finalmente, en términos de internacionalización, la declaración promueve la
intensificación de la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías disponibles, y propone específicamente la
inclusión de la dimensión internacional en los planes de estudio. No obstante, como
consecuencia de su conceptualización de la educación superior como un bien público,
descarta de plano los procesos de internacionalización que tienen como eje la
construcción de mercados internacionales de provisión de servicios educativos sujetos
a las reglas que gobiernan el comercio de servicios en el marco de la OMC. Y, para