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ción social y académica de la matrícula asociada a la privatización del
sistema escolar, y nulo impacto positivo de las escuelas privadas en
relación a las públicas, han sido ampliamente documentados en Chile,
el país que más decididamente ha ensayado mecanismos de mercado
para la provisión de educación escolar en la región (Hsieh & Urquiola,
2003; Bellei, 2009; Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2010).
Es esencial, por tanto, que los países de la región garanticen el acce-
so a una educación primaria de calidad para todas las personas por
medio de leyes que establezcan este derecho desde la perspectiva
de derechos humanos y políticas públicas que lo garanticen. Asegu-
rar una oferta de educación gratuita es el mecanismo universalmen-
te más aceptado para este fin, en concordancia con lo establecido en
los instrumentos internacionales de derechos. Esto ha sido histórica-
mente garantizado a través de la educación pública, aunque algunas
instituciones privadas (generalmente con apoyo financiero del estado)
también han contribuido a este fin. En efecto, la comparación con los
países de la OECD muestra que el promedio de gasto privado en edu-
cación en la región es significativamente superior, lo cual sugiere un
menor compromiso del estado con proveer universalmente educación
gratuita. Así por ejemplo, mientras en promedio en la OECD el gasto
privado representaba en 2009 el 8,8% del total del gasto en educación
escolar (primaria, secundaria, y postsecundaria no universitaria), en
México era 19% y en Chile 21,8%.
Un reciente informe de la UNESCO que compara el marco legal de la
educación de tres países latinoamericanos y Finlandia, señala que la
educación debiera tener las siguientes características interrelaciona-
das: Disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza que
cuenten con los insumos educativos necesarios como instalaciones sa-
nitarias, materiales de enseñanza, docentes capacitados, bibliotecas,
etc.; Accesibilidad, de la educación para que todos, sin discriminación
de ningún tipo, puedan aprovechar de esta; Aceptabilidad, referida a
la pertinencia y calidad de los programas educativos; y Adaptabilidad
de la educación para enfrentarse de manera flexible a las necesida-
des particulares de las sociedades y alumnos. En los tres países de
la región analizados en este estudio en base a estos criterios se ob-
servaron importantes limitaciones, principalmente con la asignación
presupuestaria, mala calidad de la oferta gratuita de educación, alta
discriminación y mercantilización de la educación (UNESCO, 2012).
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