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cho importantes avances, considerando la primera infancia como una
instancia estratégica para fortalecer las oportunidades educativas y de
desarrollo de los niños. Varios países de la región han bajado la edad de
escolaridad obligatoria incluyendo la asistencia al nivel inicial o prepri-
maria. Asimismo, se han hecho esfuerzos en aumentar la cobertura y el
acceso a estos niveles de los niños que viven en situaciones más vulne-
rables (UNICEF, 2012; OEA, 2012).
Con todo, cada vez más la principal preocupación respecto de la aten-
ción y educación de la primera infancia a nivel regional es la baja cali-
dad de los programas y servicios existentes, lo cual se ve agravado en los
sectores más desaventajados (UNESCO, 2007; BID, 2010; CEPAL, 2007).
Los estados han intentado asegurar la calidad de los programas utilizan-
do indicadores relacionados con los insumos necesarios para llevar a
cabo una buena atención y educación, como por ejemplo la proporción
alumnos-docente, la disponibilidad de material pedagógico y la forma-
ción del personal a cargo. Si bien estos indicadores son importantes,
resultan insuficientes para determinar la calidad de los procesos y co-
nocer los resultados de la atención y educación de la primera infancia
(Lowe y Wolfe, 2000). En ese sentido, se ha recomendado incorporar in-
dicadores relativos a aspectos tales como la calidad de las interacciones
entre cuidadores y los niños, la participación familiar, la integración in-
tercultural y de las necesidades diversas de los niños (UNESCO, 2007a);
aspectos ciertamente mucho más difíciles de observar y recopilar como
información oficial, y sobre todo, de intervenir desde las políticas.
Desafíos
La creciente evidencia respecto a los potenciales beneficios individuales
y sociales de los programas de atención y cuidado en primera infancia
ha relevado la importancia de asegurar el acceso de estos programas, a
fin de igualar las oportunidades y reducir las consecuencias intergene-
racionales de la pobreza y la desigualdad. Además, el incremento de la
participación de la mujer en el mercado laboral, y el aumento de las
familias monoparentales, han posicionado el acceso y la cobertura de
estos servicios como un tema prioritario en la región, orientando las
políticas públicas en ese sentido, especialmente en el sector más vul-
nerable (UNESCO, 2007b; UNESCO, 2007a; CEPAL, 2010). Sin embargo,
la inversión en primera infancia presenta un desafío fundamental, ya
que sus beneficios educativos y de desarrollo están condicionados por
la calidad de los programas, la cual es difícil de garantizar y monitorear
(OEA, 2012).
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