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la educación se ha ido transformando, desde la noción de educación
obligatoria hacia una más ambiciosa y multidimensional (UNESCO y
UNICEF, 2008).
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La edu-
cación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos”. Un concepto similar es reiterado por el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el cual en su
artículo 13 establece que: “Los Estados Partes en el presente en el pre-
sente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de
este derecho [a la educación]: a) la enseñanza primaria debe ser obli-
gatoria y asequible a todos gratuitamente; b) la enseñanza secundaria
técnica y profesional debe ser generalizada y hacerse accesible a todos,
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implanta-
ción progresiva de la enseñanza gratuita; c) la enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad
de cada uno”. Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989) reitera un ordenamiento prácticamente equivalente al del Pacto
de 1966 en lo referido a la accesibilidad, gratuidad y obligatoriedad de
los diferentes niveles educativos.
La noción de derecho a la educación ha estado estrechamente ligada a
la idea de garantizar el acceso universal a la escuela a través de las le-
yes de escolaridad obligatoria. Esta visión básica del derecho a la edu-
cación como derecho a la escolarización y a la obtención del certificado
escolar se ha mostrado insuficiente. Las políticas educativas y la comu-
nidad internacional han evolucionado hacia una redefinición del dere-
cho a la educación como derecho a aprender. Esto implica –entre otras
cosas– que recibir una educación de calidad debe ser visto como parte
del derecho a la educación. La Convención de los Derechos del Niño y
otros textos internacionales proporcionan tres criterios “permanentes”
para definir el derecho a aprender o a recibir una educación de calidad :
i) desarrollar al máximo posible las capacidades de cada individuo; ii)
promover los valores consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: la igualdad entre las personas, el respeto a la di-
versidad, la tolerancia y la no discriminación, la promoción del bien co-
mún; y iii) equipar a los estudiantes con las capacidades y conocimien-
tos necesarios para llegar a ser una persona socialmente competente.
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