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En este sentido, es preciso pugnar para que la inclusión educativa
sea un procedimiento democrático y sistémico que implique la com-
prensión de las circunstancias políticas, financieras, sociales y educa-
tivas que provocan la exclusión que limita o niega este derecho.
La inclusión educativa debe ser un proceso que se cimiente en con-
traste a las supremacías y predilecciones de los países poderosos,
que han engendrado y engendran la privación del derecho a la edu-
cación de los más necesitados y excluidos.
Por lo tanto, queda un largo camino por recorrer, puesto que el pro-
ceso de inclusión educativa real requiere de garantías jurídicas que
condicionen la práctica inquebrantable de este derecho.
Se debe reconocer que hay progresos en cuanto a la inclusión edu-
cativa en Latinoamérica, como la obligatoriedad de la educación
básica; sin embargo, es preciso lograr que esta obligatoriedad sea
algo más que recuentos estadísticos que acicalen el discurso oficial.
Educación inclusiva y los derechos humanos
Lograr que las escuelas tengan un carácter inclusivo es un desafío de
la educación actual. Para conseguirlo es preciso una metamorfosis
intensa de los diversos grupos sociales en lo general y de los sujetos
en lo particular, que inevitablemente se consolide en correcciones
de conductas que redunden en el régimen educativo de cada país.
El bastimento de la educación inclusiva debe convertirse en una
ambición a la cual apuntar las voluntades de colectivos y organiza-
ciones sociales, pero sobre todo de los profesores, directivos y
padres de familia que viven el día a día en las escuelas.
Más allá de una significación limitada al perímetro de la población
con alguna discapacidad física o motriz, la noción de la inclusión
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