ASENTAMIENTOS IRREGULARES
La ONG Techo Uruguay emprendió la rea-
lización de un censo estadístico de asenta-
mientos irregulares, con el objetivo de tra-
zar radiografías de 30 agrupamientos de
viviendas en una primera etapa. No se trata
esta vez de un mero recuento de hogares
y personas, como en el censo realizado en
2011, sino que las encuestas registran tam-
bién el tipo de construcción y el estado de
las fincas, la cantidad de pobladores y el
acceso al agua potable, la electricidad o
el saneamiento, además de los niveles de
ocupación y estudios o la cobertura social
y sanitaria.
En Uruguay se define un asentamiento
irregular como el “agrupamiento de más de
10 viviendas, ubicados en terrenos públicos
o privados, construidos sin autorización del
propietario.
En la mayoría de los hogares relevados
en 2017, los ingresos mensuales declarados
tienden a estar por debajo de $ 15.000;
ap enas por encima del salario mínimo na-
cional ($ 12.265 al primero de enero). De
acuerdo con los datos más recientes di-
vulgados por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP), del año 2016, el 5,3%
de los hogares de Montevideo (58.314) se
encuentran en asentamientos, mientras que
el porcentaje promedio en todo el país llega
al 4%. Los datos se basan en la Encuesta
Continua de Hogares del Instituto Nacional
de Estadísticas.
La población de un 10% de los asenta-
mientos fue realojada en nuevas viviendas
o bien comenzó a disponer de servicios
de agua potable, electricidad de UTE
o conexión a la red de saneamiento en
el propio asentamiento, informó la OPP.
Mientras que en Montevideo quedó regis-
trada una disminución de los hogares que
están en asentamientos (llegaban al 8,5%
en 2010), en otros departamentos, como
ser Artigas y Rivera, hubo un incremento
muy marcado. En el primero, casi se du-
plicó el porcentaje de hogares mientras en
2015 los hogares en asentamientos consti-
tuían (del 6% en 2015 a 15% en 2016), y en
el segundo se triplicó, pasando de un 2,6%
al 9,2% en 2016. En ambos casos, la causa
del aumento sería el abandono de viviendas
que fueron construidas en zonas inunda-
bles.
Los datos del Censo de 2011 evidencia-
ban que en Uruguay existían entonces 589
asentamientos irregulares (332 en Monte-
video, 91 en Canelones y 166 en el resto del
país), en donde vivían 165.271 personas. El
78% de estos agrupamientos de fincas se
ubicaban en Montevideo y Canelones.
Creer que los capitalistas van a aportar
de sus ganancias para la vivienda de los más
necesitados no deja de ser una idea con
muy buenas intenciones, pero imposible de
llevar a cabo. Esperar que los capitalistas
van a enternecerse con el problema de los
más pobres el mundo ya hace rato hubie-
ra dejado de ser lo que realmente es. No
existe solución al problema de la vivienda
sin una fuerte intervención económica del
Estado y eso es lo que falta.
La Ley 18.795 de VIVIENDA DE INTE-
RÉS SOCIAL desenmascara una vez más
que la idea que, los socios público-privado
son la salida a los problemas del país, es
un fracaso ya largamente demostrado.
Esta ley es nacida de los organismos multi-
laterales que creen en el “dios mercado” y
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