EL SEÑOR DE LAS SOMBRAS (Biografía no autorizada de Alvaro Uribe) 1 | Page 95

reemplazan a la autoridad, no pueden utilizar armas de fuego
salvo las catalogadas como de defensa personal, deben tener
licencia de funcionamiento”), y la respuesta que han obtenido (“si
a la guerrilla le preocupa su existencia, es porque funcionan”).
Entre las “negras” su indefinición (“artículos 39 y 42 del decreto
ley que las creó, que las hace diferentes según el armamento que
pueden portar”), su persistente incumplimiento de la ley (“de las
Convivir que tienen ya más de dos años, no hay ninguna que haya
cumplido con el requisito de renovar su permiso de
funcionamiento”), la peligrosa personalidad de sus integrantes
(“apenas a un 9 por ciento de cerca de los 10 mil hombres que
actualmente las integran se les han examinado sus antecedentes
penales”), su sinrazón política (“las Convivir son una violación del
contrato social, porque representan una manera de devolverle al
ciudadano la capacidad de ejercer la fuerza, a la cual renunció”),
su ilegitimidad (“las autoridades deben mantener el monopolio
eficaz y legítimo sobre el ejercicio de la fuerza”), la responsabilidad
del Estado (“la ineficacia de la fuerza pública y los problemas de
impunidad de la justicia no pueden convertirse en excusa para
que el Estado deje de asumir su responsabilidad constitucional de
defensa del orden social”), su presencia verdadera (“si deben
estar armadas para ayudar a la fuerza pública, ellas participan en
el conflicto armado como combatientes”), su peligro (“al contrario
de servir para remover la indiferencia de la población, convierten a
esa misma población en blanco de la insurgencia al no permitir
distinguir quiénes participan directamente en el conflicto, y
quiénes no”), y su actuación tendenciosa (“no es cierto que
carezcan de color político: fueron concebidas «para realizar
labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea 'antiguerrillera', o
sea que está señalado específicamente contra qué enemigo se
tienen que dirigir”).
Pero las Convivir tenían el cáncer por dentro. Y fue así como en
octubre de 1996 el gobernador Uribe Vélez solicitó que se dotara a
sus integrantes de armas de largo alcance, con el propósito, según
dijo, de “convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de
las Fuerzas Armadas”. El rechazo a esa solicitud fue unánime. No
sólo los sectores de izquierda se mostraron en contra. Un
conservador caracterizado, como Ramiro Valencia Cossio, señaló
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