EL SEÑOR DE LAS SOMBRAS (Biografía no autorizada de Alvaro Uribe) 1 | Page 85

en su crónica que “la comunidad y las autoridades creen que no
existe una manifestación de violencia abierta ni hechos
contundentes que lleven a pensar que el pueblo está cercado, o
que el Ejército y la Policía hayan perdido el control del orden
público”. Ante el nombramiento del oficial, el senador Omar Flórez
Vélez calificó la medida de “ineficaz y anticivilista”, y el
representante a la Cámara, Manuel Ramiro Velásquez, dijo que el
gobernador y el presidente habían sido asaltados en su buena fe.
Pero, ¿fue asaltado el gobernador en su buena fe? De las medidas
tomadas por él podría deducirse lo contrario.
Ante la oleada de violencia que sacudió al Urabá antioqueño en el
año de 1994, el nuevo funcionario, que se posesionó el 1° de
enero del 95, participó en una reunión promovida por los alcaldes
de la zona, la cual se efectuó en Medellín el 17 de enero. En ella,
los mandatarios municipales, recientemente elegidos, dieron
cuenta de que seguía vigente el “Pacto de Apartadó", que buscaba
llegar a un entendimiento entre los grupos políticos para buscarle
una salida al conflicto. Al recopilar los hechos recientes, las
autoridades comprobaron que la zona estaba infestada de
delincuentes comunes y de guerrilleros, que el enfrentamiento que
habían protagonizado paramilitares y miembros de las FARC y del
ELN en el norte del país parecía comenzar a trasladarse a esa
zona, y que las masacres no daban tregua: dos en los pocos días
transcurridos a partir del 1° de enero, con un saldo de once
personas muertas en Turbo y Necoclí, que las autoridades
atribuyeron a una disidencia del EPL, especie que fue rechazada
por voceros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Algunos
de los participantes dijeron que la escalada de violencia obedecía
a la inminente elección de las directivas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria del Agro (Sintrainagro), y todos
expresaron su preocupación porque la primera víctima de los
nuevos escenarios de guerra sería la población civil. Se denunció
que habían comenzado los desplazamientos masivos de los
habitantes, tanto que ya podía hablarse de un éxodo, y mientras
unos denunciaron a la guerrilla, otros dijeron que eran los
paramilitares los autores de la perturbación. Pero, en general, se
pidió que el pacto político se convirtiera en una herramienta eficaz
para garantizar la tranquilidad de la zona.
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