fiscal, perjudicando a los pequeños productores, e incrementando el fenómeno de la elusión fiscal. Además incrementa el riesgo de injusticia tributaria entre los sujetos pasivos, pues, art. 331 in fine, señala que los arrendatarios tributarán por estos conceptos vía impuestos sobre la renta y complica la gestión e inspección tributarias municipales, además de que puede plantear problemas de doble imposición, especialmente si, como suponemos, la gestión del impuesto de la renta corresponde al Estado central, a lo que se suma la posible competencia fiscal en esta materia entre municipio y Estado.
Una valoración extraordinariamente positiva debemos hacer del art. 343, por el que:
los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente les remitirán esas oficinas, el registro completo de las transferencias totales o parciales, de los predios rurales, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de acuerdo con las especificaciones que consten en los predichos formularios.
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