muchos casos ningunea o minimiza el impacto de las protestas para satisfacer a sus amos políticos, es comprensible que los manifestantes busquen “armar un poco de jaleo” si no quieren ser relegados a la esquina de un suplemento regional. El tiempo juega en su contra ya que cuantas más manifestaciones se suceden, menos novedoso resulta el titular: menos vende, para que nos entendamos. Y menos importa.
En estas circunstancias, el comportamiento de la Delegada de Gobierno resulta cuando menos preocupante. Habiendo felicitado a los mandos policiales tras cada carga indiscriminada, tildando de golpistas las concentraciones frente al Congreso e intentando relacionar al 15-M con oscuras fuentes de financiación (¿tan oscuras como las que afectan a su propia familia?), Cristina Cifuentes da la impresión de haberse memorizado un guión de acoso y desprestigio; calculado para disuadir a todo manifestante en potencia. Cuando se sugiere que sería necesario “modular” (ojo a los eufemismos) el derecho a manifestación de cara a no colapsar el centro de Madrid, la iniciativa –por lógica que parezca- puede considerarse como un paso más en el muy tentador descenso a las profundidades de una legislación de Orden Público que se remonte a tiempos de la Restauración. No olvidemos que muy recientemente, países como Georgia o Hungría han pasado de la democracia al autoritarismo en medio del apoyo, la indiferencia y finalmente la sumisión de sus pueblos. No olvidemos nuestros errores, y “modulemos” los humos de nuestros gobernantes. Ellos lo merecen.
ELLOS LO MERECEN
Por Óscar Sáinz de la Maza
Las manifestaciones no son cómodas para nadie, especialmente para los dignatarios que las contemplan desde la cristalera. Parece que el Gobierno ha decidido tratar esta oleada de protestas como un simple problema de alteración del orden, sin atreverse a considerarla como el indicador que es de una rabia popular creciente. Una rabia que pocos dirían no tiene justificación: Desde que ganó las elecciones, el gabinete Rajoy ha dado la vuelta a su propio programa electoral, desangrando los servicios del Estado (112.400 despidos en el sector público frente a sólo 500 en el privado, datos 2012) y despreciando en palabra y acto todo tipo de oposición a sus medidas.
Realmente, el Gobierno ha tenido suerte de que las cosas no se hayan calentado hasta derivar en escenas de piromanía nihilista, caso de las últimas convulsiones griegas. Pero frente a un panorama mediático controlado, que en
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