leyes o acciones de servidores públicos y/o políticos, que atentan contra ciertos
derechos humanos, sin embargo, estas radican únicamente en generar “tweets” o
publicaciones en “Facebook”, cuya eficacia ha radicado en su magnitud y hasta
cierto punto, en qué tanto los medios impresos, las televisoras y radiodifusoras, las
apoyan; situación que en caso de iniciar acciones legales al respecto (v.gr. demanda
de amparo y denuncia), no sucedería, pues estas no pueden ser ignoradas por las
autoridades y, en consecuencia, no necesitan el apoyo de los medios masivos de
comunicación, no obstante, para generar interés en iniciar estas acciones legales,
es necesario informar a la sociedad del verdadero impacto legal de esas leyes o
acciones del gobierno, así como las rutas de acción que la misma ley prevé en su
contra, lo cual puede ser realizado por el/la joven abogado(a).
Los profesores, políticos, periodistas, servidores públicos, etcétera, no son los
únicos que pueden opinar de manera seria y/o científica acerca de temas de
trascendencia nacional, sino también nosotros los jóvenes, quienes solemos tener
opiniones más audaces y progresistas que resultan más acordes a las reformas que
buscan un avance en el sistema jurídico del país, por lo que se insiste en que se
deben capitalizar esas nuevas ideas por medio de su difusión, para así generar
interés en la sociedad en iniciar las acciones legales que procedan, mismas que en
una sociedad democrática como en la que vivimos, resultan más eficaces que un
apoyo masivo en las redes sociales.
En conclusión, ante todos estos cambios que nuestro sistema jurídico está
experimentando, la ruta de acción que se propone es generar información acerca
de sus verdaderos alcances, no sólo mediante opiniones de 140 caracteres, sino
también por medio de artículos que reflejen objetividad en el asunto. Medios
electrónicos como el que propone ésta Revista crean precedente para que más
jóvenes se interesen en generar opiniones informadas y así se pueda dar una mayor
democratización de nuestra sociedad, por medio de la ampliación de su
conocimiento jurídico.
Pablo Hernández Ramírez.
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