Derechos de la Niñez, Desplazamiento Forzado en Colombia ISBN: 978-958-57863-5-6 | Page 32

cuáles comunidades se encuentran en riesgo, ni sus derechos, necesida- des y capacidades diferenciales. Esta omisión puede causar brechas de atención a grupos particularmente vulnerables como las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, las personas con capacidades diferenciales, las perso- nas mayores, e ignorar sus capacidades y derechos de participación. 31 En la legislación y regulación administrativa colombiana se encuentra que las Leyes 60 de 1993, 115 de 1994 e incluso la Directiva Ministerial No. 12 incluyen aspectos que relacionan la GRD y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Son pocas las leyes que articulan los dos Sistemas, pero podría realizarse la revisión conjunta y estratégica para la definición de acciones integradas para su cumplimiento. Este sería un puente de inter- locución para la creación de la sinergia entre los dos Sistemas. Desde el enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia La Convención sobre los Derechos del Niño, hace referencia en su preám- bulo a las reglas mínimas de la Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores y declaración sobre la protección de la mujer y el niño en “estados de emergencia” (Naciones Unidas, 1989) o de “conflicto armado”, entre otras muchas que desarrollan la especial protección otor- gada a la niñez. A su vez, la Constitución Política Nacional, en su Artículo 44 consagra: “Son  derechos  fundamentales  de  los niños:  la  vida,  la  integridad  físi- ca, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opi- nión. Serán  protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratifica- dos por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación