la capacitación en línea, además de capacitaciones
presenciales que fueron programadas por la ges-
tión saliente, que sabemos no se realizarán.
Se debe capacitar a todo el sector salud, tanto pú-
blico como privado, en al menos tres documentos
regulatorios:
1.
Norma
Técnica
Nacional.
Acompañamiento y Atención Integral a la Mujer
para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en
tres Causales que regula la Ley 21.030.
2. Reglamento de las prestaciones incluidas
en el Programa de Acompañamiento y materias
afines Ley 21.030, N°44 del 19 de diciembre 2017.
3. Protocolo para la manifestación de con-
ciencia personal y para la objeción de conciencia
invocada por instituciones, aún pendiente.
Además, la Superintendencia de Salud emitió el
7 de febrero 2018 la Circular IF N°311 en la cual
informa sobre “Aplicación y cobertura por parte
de las ISAPRES de las prestaciones asociadas a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
de la mujer, lo que claramente no se adecuado a lo
definido en la Ley 21.030 que señala expresamente
que puede ser declarada por “El médico cirujano
requerido para interrumpir el embarazo por alguna
de las causales descritas”. Es decir, no se reconoce
la objeción de concienc ia a los profesionales que
no participan directamente en la interrupción de
la gestación, como son los equipos de la atención
primaria, pues allí no se realizan las interrupciones,
tampoco a los médicos especialistas que no partici-
pan directamente de la interrupción, ni tampoco a
los equipos que atienden a una mujer que se agrava
posterior al procedimiento de interrupción de un
embarazo.
Esto se ha visto reforzado por la actuación del
Ministro Santelices, quien verbalmente comunica
que respetará la ley, como a un ministro de Estado,
pero en los hechos, al modificar el Reglamento que
regula la objeción de conciencia, baja las condicio-
nes para la declaración de objeción de conciencia
en su protocolo, tanto a nivel individual como insti-
tucional, lo que envía señales erráticas a los equipos
de salud, especialmente médicos.
POR TAL MOTIVO, EL MINISTERIO
DEBERÍA:
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN
1. Imprimir y difundir los documentos
regulatorios.
2.
Volver a capacitar a los gestores de salud a
cargo de la ejecución de esta Ley: nuevos directivos
de Servicios de Salud, Hospitales, equipos profe-
sionales clínicos, abogados, etc.
3. Continuar capacitando a los equipos
de salud sector público de los 69 policlínicos de
alto riesgo obstétricos, desarrollando acompaña-
miento y cuidado de los mismos (prevención del
burnt-out).
4. Capacitar a los equipos de Atención
Primaria de cada territorio de Chile.
5. Capacitar dirigidamente a los equipos di-
rectivos de los Seguros de Salud y prestadores de
Salud.
6. Capacitar a los equipos clínicos del siste-
ma privado de salud interesados en implementar
estas prestaciones.
7.
Informar a la ciudadanía las formas de ac-
ceder a las prestaciones de salud, reforzando el rol
de Salud Responde.
Otro elemento clave que se alza como un obs-
táculo de la implementación de la interrupción vo-
luntaria del embarazo, es la objeción de conciencia.
Los sectores más conservadores han intentado
ampliar el contenido aprobado por Ley, intentando
establecer que la objeción de conciencia se puede
manifestar en cualquier momento de la atención
Robledo P.
Se debiera entregar información precisa en todo
Chile, tanto en la red de salud como en todas las
reparticiones públicas de quienes pueden acceder a
las prestaciones por ley y que es lo que debe hacer
una adolescente o mujer en alguna de estas causa-
les, a quien y donde recurrir. Para esto se iban a de-
sarrollar afiches, volantes, información en las redes
sociales y capacitaciones a las oficinas de atención
a publico OIRS de todo Chile, junto con los equi-
pos de comunicación de, al menos, del Ministerio
de Salud, de manera que difundan la información
en las salas de espera, TV institucional, etc.
TRABAJO INTER SECTORIAL
La implementación de esta ley no es de exclusiva
responsabilidad de los equipos de salud. Existen
otros actores intersectoriales que son importantes
a la hora de desarrollar todas las acciones a las mu-
jeres afectadas, en particular por la 3 era causal. Estos
son los juzgados de familia, las fiscalías regionales,
las oficinas de protección de derechos de niñas y
adolescentes, defensoría pública, las policías, quie-
nes podrán poner en contacto a las mujeres con
salud. Estos actores también debieran ser capacita-
dos en la Ley 21.030.
Se requiere seguir profundizando los cambios
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