Género, seguridad alimentaria y cambio climático
afirman que el retiro de subsidios a la producción de maíz tendrá efectos negativos
tanto o más que el cambio climático sobre la vida de las personas (Conde et al., s/f).
Y tienen razón, pues en México el tema alimentario ha sido un asunto crítico,
empeorado por medidas dictadas desde organismos multilaterales, cumplidas
hasta con anticipación por los gobernantes mexicanos; políticas que desde hace
treinta años han devastado a la población campesina, otrora abastecedora de
alimentos para el mercado interno.
Organizaciones de pequeñas y pequeños productores argumentan las
bondades ecológicas y sociales de la vía campesina, pugnan por la soberanía
alimentaria; en cambio, grandes corporaciones y empresas agroindustriales
con alta concentración de capital, con apoyo de organismos multilaterales
y gobiernos locales, dominan la producción y los mercados alimentarios del
mundo y promueven el libre mercado.24 La confrontación tiene matices: a raíz
de la crisis alimentaria de 2007, el Banco Mundial (BM) replanteó su postura:
luego de ser un acérrimo promotor de la apertura comercial, del agronegocio
y de minimizar el papel del Estado, hoy propone mayor intervención estatal
y recursos para pequeños productores rurales con el fin de reducir la pobreza
y el hambre (Banco Mundial, 2008:197-210, citado por Armando Bartra,
2011). El neocampesinismo del BM es epidérmico, pues integra a los pequeños
agricultores al proyecto hegemónico conservando el espíritu neoliberal, las
cadenas productivas controladas por grandes agroindustrias y el uso de una
ciencia y tecnología con repercusiones negativas en el ambiente y la vida social;
todo ello acentúa la crisis civilizatoria que hoy aqueja al planeta, una de cuyas
facetas es la crisis alimentaria.
En México, cualquier giro en la política económica está condicionado
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyas
normas son muy desventajosas para el amplio sector de pequeños productores
e incluso para una parte de antiguos empresarios rurales. El “libre comercio”
y la supresión de subsidios a los productores que, en el marco del TLCAN
exige Estados Unidos a México, anula el argumento de multifuncionalidad
del campo (Fristcher, 2000) e implica una competencia desigual y desleal,
pues a las grandes ventajas de los productores estadounidenses en recursos
En el ámbito nacional, El Campo no Aguanta Más y la Campaña Sin Maíz no Hay País, han
sido expresiones relevantes de la posición campesina; en el plano mundial es Vía Campesina.
Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) sostiene la propuesta más radical
para liberalizar los mercados alimentarios y enfrentar el hambre fortaleciendo al agronegocio.
Hay matices, por ejemplo Oliver de Schutter, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el
Derecho a la Alimentación, coincide con la OMC en que no se busca soberanía alimentaria,
pero afirma que el libre mercado reduce la capacidad de los gobiernos de garantizar este derecho
a los sectores sociales menos favorecidos y que hay que reducir la dependencia alimentaria
incluyendo a las y los pequeños productores como proveedores de alimentos, o sea, propone
una política más incluyente (Espinosa y Valdés, 2013).
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