Crisis Civilizatoria | Page 35

Ejidatarios y pobladores. Economía familiar añade que los programas de apoyos gubernamentales tienen un doble propósito: representan signos de mediación política que tienden a diluir o debilitar las formas de organización entre los productores, despolitizando su representación en el ámbito local; al mismo tiempo, que son también áreas de posibilidad, que les permite a los campesinos subsistir en un contexto desfavorable. El caso más reciente (2010) de esta política pública, es el de una comunidad Otomí de la Sierra de Querétaro, donde autoridades municipales de Villa Progreso, intentan frenar la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos a través de proyectos ecoturísticos y del rescate de sus tradiciones gastronómicas (Miranda, 2010). En Calakmul, el gobierno y la coparticipación de ONG, organizaciones ambientalistas, académicas y agencias internacionales generan un flujo de programas, recursos económicos y formas normativas que influyen en las interacciones cotidianas de hombres y mujeres de los ejidos. Azuara et al., (2011), registran once instituciones, entre gubernamentales y ONG que operan 49 programas. Siete de las 11 instituciones, destinaron más de $37´000,000 en diez años (1998-2007), en 17 programas orientados al desarrollo social, agrícola, ganadero, ambiental y la compensación de desastres naturales (Fonden). Específicamente, Nuevo Becal recibió más de $3´000,000 en programas como: PROCAMPO, OPORTUNIDADES, Fondo de Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), Programa de Diversificación Productiva en el Medio Rural (PRODERS) y Proárbol de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Martínez (2010), menciona que a partir de 1994 el gobierno implementó 70 proyectos para el desarrollo de la ganadería de ovinos, a través del Fondo Regional de Xpujil (INI) y del programa “Opciones Productivas” de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Reyes et al., (2003), proporciona una perspectiva de cómo el diseño de los programas de apoyos otorgados en Calakmul se han sumado a otros factores y acciones gubernamentales como las de PROCEDE que ponen en una encrucijada el sistema ejidal, es decir entre la privatización de la tierra, los derechos ejidales y la conservación de los bosques (Haenn, 2006). Pat y colaboradores (2010), examinan el impacto negativo que tienen las polític