Santana Navarro Olmedo
Agrarios, 1996). Un año después (1997) nace el Programa de Educación, Salud
y Alimentación (PROGRESA), con el objetivo de brindar apoyos económicos
a las familias más pobre, condicionándolas con enviar a sus niños a la escuela;
asistir a pláticas y consultas médicas; y utilizar los apoyos para elevar la calidad
de vida. Durante el gobierno de Vicente Fox, PROGRESA fue convertido (2002)
en el Programa OPORTUNIDADES, ampliando su atención a la pobreza
urbana, lo cual implicó cambios operativos significativos y una nueva relación
de los beneficiarios con el programa (gobierno) (Hevia, 2009).
Un análisis del avance de la política neoliberal mexicana apoyada en
programas asistencialistas muestra que durante 1995 a 1999, el gobierno federal
incrementó el número de proyectos a atender por el entonces Instituto Nacional
Indigenista (INI), de ocho a 106, y destinó, $9,600´000,000 para proyectos
productivos sustentables, incluido proyectos ecoturísticos como opción novedosa
de desarrollo económico para los pueblos y comunidades indígenas. Durante el
sexenio de Vicente Fox (2000-2006) aumentó sustancialmente el presupuesto para
proyectos en comunidades y pueblos indígenas, y se canalizaron $473´000,000
al ecoturismo, resultando en la creación de 404 proyectos ecoturísticos que
involucran a 50,137 indígenas y campesinos en 24 entidades del país (López
et al., 2008:38-40). Coronado (1996), ofrece una mirada crítica frente a la
implementación de las políticas neoliberales en el Istmo oaxaqueño. Muestra
cómo su implementación, no sólo propició desorganización y ruptura en la vida
cotidiana de las familias campesinas, sino que además, se desplegó en los pueblos
un lenguaje inspirado por la doctrina del libre mercado, que milagrosamente
organiza y beneficia las actividades económicas: términos como “empresa”,
“competitivo”, “ganancia”, “socios”, “estudios de mercado”, “cartas de
intención de compra”, “responsabilidad compartida”, “figura asociativa”,
se fueron introduciendo en los pueblos. El uso constante de estos términos
económicos fue a través del impulso de proyectos productivos con recursos
gubernamentales para combatir la pobreza.
Castellanos y colaboradores (2008), centran su análisis en el desarrollo
y la implementación masiva de esta política de programas y proyectos entre
las comunidades rurales. Sostienen que la presencia de diversas agencias
gubernamentales y no gubernamentales, encargadas del combate a la pobreza,
confirma la gravedad de las desigualdades y la destrucción de las condiciones de
subsistencia de los campesinos. Márquez et al., (2008) han documentado para el
caso del oriente de Tabasco, cómo la distribución de los apoyos gubernamentales
se han convertido en mecanismos exclusivos de sobrevivencia y generadores de
prácticas viciadas entre los campesinos, más que en el estímulo a la producción
agrícola, lo cual ha llevado a los campesinos a asociarse con empresas para la
producción de palma africana, abandonando el cultivo de maíz. Cebada (2009),
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