Constitución de la República de Guatemala | Page 29

Esta disposición no ha sido objeto de examen particularizado.
Artículo 22.- Antecedentes penales y policiales. Los antecedentes penales y policiales
no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que
esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por
ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma.
Véase:
- Gaceta No. 4, expedientes acumulados Nos. 69-87 y 70-87, página No.
7, sentencia: 21-05-87.
Artículo 23.- Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá
penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez
competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni
después de las dieciocho horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del
interesado, o de su mandatario.
“...es un derecho fundamental que viene figurando en nuestro sistema
constitucional desde la Constitución Federal de Centro América, en su
artículo 168. Se le considera derivado del derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona y guarda relación con el valor seguridad, reconocidos
por la Constitución vigente. Aparte de ser un derecho directamente
aplicable, está desarrollado por la legislación ordinaria, particularmente por
la tutela jurídico-penal... Según la disposición constitucional (artículo 23),
para entrar a la morada ajena es necesario el permiso de quien la habita o la
autorización judicial. Es precisamente esta nota de consentimiento, expreso
o tácito, o la autorización judicial que suple el acto de voluntad del habitante
de la vivienda, las que no podrían ser alteradas por un precepto
reglamentario...” Gaceta No. 8, expediente No. 25-88, página No. 41,
sentencia: 26-05-88.
“...Al respecto, esta Corte estima que aunque esta norma se circunscribe a
la “vivienda” la previsión debe extenderse a la esfera privada de acción de
las personas, tales como el de sus actividades profesionales, negocios o
empresas. La protección constitucional del domicilio de las personas
implica claramente que el ingreso por parte de la autoridad no puede
hacerse sino con autorización del dueño, y, a falta de dicha licencia, por
orden de juez competente que especificará el motivo de la diligencia, que
nunca podrá practicarse antes de las seis ni después de las dieciocho
horas. De manera que la facultad concedida para “realizar investigaciones y

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