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JOHN FISHER
contra de los peninsulares—, pero en términos de retórica tenía en
sí los gérmenes de un movimiento separatista. Estos procesos paralelos fueron en cierto sentido contradictorios, pues las protestas antifiscales de Nueva Granada y (en el caso peruano) las de Arequipa y
otros lugares llamaron la atención sobre (y tal vez incluso exageraron)
los contrastes entre el final del siglo XVIII, cuando la centralización,
los altos impuestos y el autoritarismo habían pasado a ser la norma,
y un idealizado y mal definido periodo anterior en el cual, en la conciencia popular, los impuestos eran evadidos y se consideraba que
era esencial obtener el consentimiento de los gobernados antes de
emprender innovaciones significativas en las estructuras fiscales y
administrativas.
Hay ciertos indicios de que en Nueva Granada, una pequeña
parte de la elite criolla —cuyo respaldo habría sido vital para el
éxito de todo intento por romper con España— desarrolló un incipiente espíritu nacionalista por la acción colectiva de 1781. Sin embargo, en la década de 1790 fueron excepcionales las personas que,
como Pedro Fermín de Vargas, Antonio Nariño y Francisco Javier
Espejo, estaban por lo menos dispuestas a contemplar la posibilidad de una revolución, aunque no a practicarla. La mayor parte de
los criollos de Nueva Granada y Perú respondió a la intensificación
del absolutismo con una malhumorada aceptación de que un mayor
control imperial era el precio necesario a pagar a cambio del crecimiento económico y la estabilidad social del periodo borbónico
tardío. En cambio, la rebelión de Túpac Amaru puede ser vista como
un pedido de un gobierno más eficiente antes que como una reacción
en contra suya, como un pedido a la Corona española y sus agentes
en el Perú para que brindaran unas estructuras de respaldo, implícit as
en el pacto colonial, a los miembros sobrevivientes de la comunidad
india e implementaran las medidas protectoras que en teoría iban
junto a la aceptación indígena de su obligación de pagar el tributo
dos veces al año.
En el virreinato peruano, la estrategia dual de reprimir la insurgencia con fuertes represalias, en combinación con un intento
de mejorar el nivel de la administración judicial nombrando a peninsulares como intendentes y oidores, trajo consigo un prolongado periodo de relativa estabilidad entre 1784 y 1810. El recuerdo de la
RESISTENCIA, REVUELTAS Y REBELIONES
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rebelión de Túpac Amaru inevitablemente se fue borrando en los
años noventa, aun cuando las personas que buscaban favores de
las autoridades virreinales o metropolitanas tendían a citar los servicios prestados al rey durante la insurgencia, y la tendencia paralela de los funcionarios locales a invocar su recuerdo cuando se
topaban con una resistencia violenta a su administración.32 En 1792,
por ejemplo, un comisionado nombrado por el virrey Gil para que
supervisara las actividades de los mineros notoriamente levantiscos
de Cerro de Pasco, tuvo una recepción tan hostil que sostuvo haber
descubierto “una sublevación declarada”, un “tumulto ciego, violento,
y ardiente” que le hizo evocar “la de Tupamaro, la cual empezó por
la resistencia de un Indio insolente, y atrevido à las or’nes de su
Corregidor”.33 En 1805 tuvo lugar el primer y —hasta 1814— único
indicio de que la memoria colectiva de la región del Cuzco podría
resucitar la noción algo idealizada de encontrar un Inca que liderara
un movimiento separatista. En ese año dos conspiradores criollos,
Gabriel Aguilar y José Manuel de Ubalde, buscaron persuadir al
regidor del Cuzco, Manuel Valverde Ampuero (quien sostenía descender de Huayna Cápac), de que buscara el respaldo de los electores indios nobles del alferazgo real para que proclamaran Inca a
Aguilar.34 El cauteloso Valverde —que fuera posteriormente exiliado
a España por no haber reportado la conspiración a las autoridades—
rehusó involucrarse, con lo cual Aguilar mismo surgió como el Inca
electo, afirmando que un “sierbo de Dios” le había dicho en un sueño que “Vos S’or sois el que tiene Dios destinado para tomar el
cetro de estos dominios”.35
32. Por ejemplo, Manuel de Villalta, quien sirviera en el Tribunal de Minería en diversos
puestos, buscó ascender casi 30 años después de la rebelión citando los servicios
que realizara como corregidor de Abancay en contra de “el vil Tupac Amaru”;
Villalta a Floridablanca, 15 de setiembre de 1809, AGI, Lima, Leg. 1357. Véase, asimismo, la hoja de servicios de Miguel Espinach (AGI, Lima, Leg. 1620),
quien sostenía haber preparado dos compañías de milicianos para que sirvieran
en contra de Túpac Amaru.
33. Manuel de Ijurra al Tribunal de Minería, 27 de abril de 1792, ANP, Minería, Leg. 56.
34. Los pormenores se encuentran en Fisher, “Regionalism and Rebellion”.
35. Ibid., p. 52.