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JOHN FISHER
Peralta, el obispo de la misma ciudad justo antes del estallido de la
rebelión de Túpac Amaru, Escobedo se vio obligado a dejar que
Manrique conservara su puesto a pesar de la decisión real de no
confirmar su nombramiento, hasta que su sucesor —Menéndez—
estuviese en condiciones de viajar a Huamanga.66 Mientras tanto,
Escobedo intentó calmar la situación, tal vez algo torpemente,
nombrando a Márquez, el intendente de Huancavelica —antes
alcalde del crimen en la Audiencia de Lima—, para que investigara
la disputa a pesar de haber aún más acusaciones por parte del obispo de que el comisionado respaldaría casi con toda seguridad a su
compañero intendente, pues la intendencia de Huancavelica también formaba parte de su diócesis.67 A pesar de sus propios problemas en Huancavelica —que culminaron con el colapso de la
mina Santa Bárbara, ocurrido en setiembre de 1786—, durante la
primera mitad de dicho año Márquez reunió evidencias tal como
se le había ordenado, presentando un informe que declaraba a
Manrique inocente de los cargos que le fuesen presentados por el
obispo, y criticaba a este último por su falta de cooperación y altanería durante la investigación.68 La Audiencia de Lima refrendó sus
conclusiones, amenazando al obispo con severas medidas a tomar
si repetía su conducta.69 La última palabra la tuvo el Consejo de
Indias, el cual alabó a Manrique en 1793 —para ese entonces
ya había regresado a Lima como contador mayor del Tribunal de
Cuentas— por su tacto y moderación, expresando además su pesar
porque la muerte de López en 1789 no permitiera castigarle.70
GOBIERNO, DEFENSA E IGLESIA
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A pesar de otros problemas ocurridos en el corto plazo en Huamanga con respecto a la provisión de los beneficios en 1790, el
arribo en 1792 de Bartolomé Fabro Palacios, el nuevo obispo, pareció tranquilizar el ambiente.71 En Arequipa y Trujillo hubo disputas
relativamente menores sobre asuntos de etiqueta y la provisión de
beneficios, pero sin consecuencias políticas trascendentales.72 La
diócesis del Cuzco fue un caso bastante distinto. Allí hubo dos problemas fundamentales, uno de ellos estructural, el otro político. El
primero se debió a la decisión tomada por la Corona en 1784 de
establecer una novena intendencia en el virreinato del Río de la
Plata, la de Puno, la cual reunió a tres partidos de la diócesis del
Cuzco —Lampa, Carabaya y Azángaro— con otros dos de la de
La Paz (Paucarcolla y Chucuito). La sugerencia eminentemente
razonable que Escobedo hiciera en 1785, de que se formara una
nueva diócesis que comprendiera a toda la intendencia de Puno
y parte de la diócesis (e intendencia) extremadamente grande de
Arequipa, fue rechazada por la Corona, que no estaba dispuesta a
arriesgarse a discutir la reducción de su autoridad (y rentas) con los
obispos de Arequipa, Cuzco y La Paz.73 La intendencia de Puno fue
controlada hasta cierto punto por dos superiores gobiernos, dos
obispos y dos audiencias, dado que los obispos del Cuzco y La Paz
debían lealtad general a los virreyes de Lima y Buenos Aires, respectivamente, y que la jurisdicción de la nueva Audiencia del Cuzco
abarcaba toda la diócesis (otro ejemplo más de la importancia de
los linderos eclesiásticos).74 En 1796, la Corona adoptó la sugerencia alternativa de Escobedo de que toda la intendencia de Puno le
fuera devuelta al virreinato peruano, y que pasara así a ser parte de
66. Véase el apéndice 6.
67. Escobedo a Gálvez, 20 de febrero de 1787, AGI, Lima, Leg. 1103; López a Croix,
5 de enero de 1786, BNP, Ms. C4555. Márquez también era renuente a involucrarse,
citando como obstáculos tanto su amistad con Manrique como sus obligaciones en
Huancavelica, pero el virrey Croix respaldó a Escobedo e insistió en que aceptara
la comisión: Márquez a Croix, 22 de noviembre de 1785; decreto de Croix, 6 de
diciembre de 1785, BNP, Ms. C4555.
68. Véase la nota 64.
69. Auto del real acuerdo, 2 de mayo de 1787, AHMH, Casa de Moneda, Ms. 14-63.
70. Informe del Consejo de Indias, 11 de marzo de 1793, AGI, Lima, Leg. 599.
71. Pedro de Tagle a Croix, 6 de octubre de 1790, BNP, Ms. C1288; acuerdo de
Audiencia, 24 de enero de 1792, BNP, Ms. C3558.
72. Croix, Memoria, pp. 86-88, presenta más detalles, en especial sobre los choques
entre el intendente Álvarez y los sucesivos obispos de Arequipa.
73. Escobedo a Gálvez, 20 de enero de 1785, AGI, Lima, Leg. 1101.
74. Esto fue señalado por el contador general en Madrid: Francisco Machado a Manuel
de Nestares, 17 de abril de 1789, AGI, Indiferente General, Leg. 1713.