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JOHN FISHER
parte de su tiempo en la ciudad de Quito, antes de volver a Madrid
en 1822.60
Esta estructura organizativa fue un gran obstáculo para racionalizar la administración provincial en el Perú, algo tal vez sorprendente, dada la política global que la Corona siguió con respecto a la
Iglesia. En realidad, la consideración más significativa que Escobedo
tuvo en cuenta al trazar los límites de las intendencias fue la necesidad de que encajaran con la administración eclesiástica existente,
con la esperanza de evitar así complicaciones en el ejercicio del
vicepatronazgo. Él pensaba que tanto la diócesis norteña de Trujillo
como la sureña de Arequipa eran demasiado grandes para que un
solo intendente las controlara de modo efectivo, pero ninguna era
lo suficientemente grande como para ser dividida en dos intendencias.61 Sin embargo, una reestructuración más radical, como añadir los partidos sureños de la diócesis trujillana a la intendencia
de Tarma, fue abandonada porque habría ofendido al obispo de
Trujillo, quien habría insistido en mantener a su diócesis como una
sola unidad administrativa, además de hacerle la vida extremadamente difícil al intendente de Tarma, que habría tenido que vérselas tanto con el obispo trujillano por el vicepatronazgo de parte
de su intendencia, como con el arzobispo de Lima para el resto. En
consecuencia, las diócesis de Arequipa y Trujillo pasaron a ser intendencias individuales, no obstante haberse dividido el inmenso
arzobispado entre las intendencias de Lima y Tarma, y esto a pesar
de los temores de Escobedo de que el arzobispo, acostumbrado
como estaba a tratar los asuntos del vicepatronazgo con el virrey, se
resentiría de tener que trabajar con un simple intendente de Tarma.62
La diócesis de Huamanga, sin embargo, fue dividida en dos —las
intendencias de Huamanga y Huancavelica— a pesar de ser la más
60. La diócesis fue abolida en 1843, siendo reemplazada por la de Chachapoyas:
Castañeda Delgado y Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia, p. 171.
61. Escobedo a Croix, 1 de julio de 1784, AGI, Lima, Leg. 1117.
62. El virrey siguió actuando como vicepatrono en la provincia de Lima misma:
Escobedo a Gálvez, 20 de abril de 1785, AGI, Lima, Leg. 1103. Gálvez confirmó la
decisión del visitador de transferir el vicepatronazgo de la provincia de Tarma al
intendente —argumentaba que sin ello no contaría con el respeto del clero de la
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pequeña del virreinato, pues el visitador deseaba que un intendente pudiese dedicar toda su atención a las minas de mercurio de
Huancavelica.
Al final, los mayores problemas debidos al vicepatronazgo se
dieron precisamente en la diócesis de Huamanga, sobre todo cuando
Manrique fue intendente.63 El obispo Francisco López Sánchez, en
el cargo desde 1783, se había enfrentado contra el Cabildo secular
de Huamanga por su supuesta interferencia en la elección, en 1784,
de alcaldes que simpatizaban con sus intentos de mejorar la conducta del clero corrupto; esto, a su vez, produjo unas complejas disputas
sobre la jurisdicción cuando, a pedido del obispo, los sumisos alcaldes,
en compañía de los milicianos, echaron abajo la puerta de la casa
del administrador del estanco del tabaco para arrestar a un sacerdote
que se había refugiado allí para evitar ser juzgado en el fuero eclesiástico.64 Del mismo modo, el obispo in tentó llevar ante el juzgado
eclesiástico a los indios del pueblo de Pausa (en el partido de Parinacochas), que le habían cerrado la iglesia a su cura acusándole de
cobrar excesivos derechos parroquiales. Esto provocó las protestas
de Manrique, quien argumentó que el asunto caía dentro de su jurisdicción. El obispo replicó con una serie de cargos en contra del
intendente, incluyendo el haber intentado interferir en el caso de
un hermano que buscaba que su matrimonio fuese anulado por la
corte eclesiástica local y, lo que era aún más serio, de haber permitido que se efectuara un gran reparto de mulas en los partidos de
Huanta y Cangallo.65
Temeroso al ver que la serie de acusaciones y contraacusaciones
comenzaba a mostrar una ominosa similitud con la disputa que hubo
entre Arriaga, el corregidor del Cuzco, y Juan Manuel Moscoso y
provincia—, pero éste le fue devuelto al virrey en 1790: Gil a Antonio Porlier, 20 de
julio de 1790, acusando recibo de la real orden del 5 de enero de 1790, AGI, Lima,
Leg. 695.
63. Véase el apéndice 6.
64. Escobedo a Gálvez, 20 de abril de 1785, AGI, Lima, Leg. 1103; Croix a Gálvez, 16
de noviembre de 1785, AGI, Lima, Leg. 599.
65. Informe del fiscal, 15 de setiembre de 1786, AHMH, Casa de Moneda, Ms. 14-63.