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JOHN FISHER
salarios adecuados”, haría que el virreinato del Perú se viera “librado,
de un golpe, de su antigua anarquía, confusión y desorden”.36
Le tocó a Escobedo la tarea de llevar a cabo los finos deseos de
Gálvez. Para cuando Croix llegó a Lima, en abril de 1784, el visitador
había completado virtualmente todos los trabajos preparatorios para
dividir el virreinato peruano en siete intendencias, con sus capitales
en Arequipa, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Tarma, Trujillo y
Lima.37 La propuesta final de Escobedo fue entregada al virrey tres
meses más tarde, y el 7 de julio de 1784 Croix decretó que se debían tomar medidas inmediatas para poner en práctica el proyecto.38
La primera reunión de la junta superior de Real Hacienda, presidida
por Escobedo, se llevó a cabo en Lima el 13 de julio, y ese mismo
día los seis intendentes provinciales nombrados provisionalmente
por Escobedo y Croix (el mismo Escobedo habría de ser intendente de Lima) hicieron su juramento de lealtad y se prepararon a partir a su sede de gobierno.39 En este momento vale la pena mencionar
un punto significativo: todos los nombrados, salvo uno —Nicolás
Manrique de Lara, quien debía ir a Huamanga—, eran peninsulares.
Gálvez se rehusó a confirmar este nombramiento, no obstante explicarle Escobedo que había escogido deliberadamente a este prominente limeño por los “motivos políticos” de darle a los criollos limeños
una representación simbólica, con lo cual el ministro se aseguró de
que los criollos quedaran sin representación alguna en la jerarquía
del nuevo sistema de gobierno.40
Más adelante en este capítulo se juzgará la eficacia del sistema
administrativo reformado para mejorar la administración de justicia
36. Gálvez a Avilés, 22 de setiembre de 1783, AGI, Lima, Leg. 640.
37. Croix, Memoria, pp. 70-71, en Fuentes (ed.), Memorias, p. 5.
38. Escobedo a Croix, 1 de julio de 1784, AGI, Lima, Leg. 1117; decreto de Croix, 7
de julio de 1784, AHMH, Leg. 51.
39. Escobedo a Gálvez, 16 de julio de 1784, AGI, Lima, Leg. 1117.
40. Escobedo a Croix, 1 de julio de 1784, AGI, Lima, Leg. 1117. El peninsular Juan de
la Piedra, la primera opción de Gálvez para Huamanga, falleció en camino al Perú,
con lo cual no fue sino hasta el año siguiente que Manrique fue llamado a Lima y
reemplazado por José Menéndez Escalada, otro peninsular: para mayor información
véase el apéndice 6.
GOBIERNO, DEFENSA E IGLESIA
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en el Perú. Primero resulta apropiado examinar los asuntos militares
y eclesiásticos, que estaban inextricablemente relacionados con, y
tendrían una relevancia duradera para, los intentos hechos después
de 1750 de alterar la estructura global de gobierno. Más de dos siglos después de la conquista, y antes de los intentos concertados de
los reformadores borbónicos por hacer que la influencia y la autoridad metropolitana fueran más efectivas en toda América, el rasgo
más saltante de la autoridad real en el Perú, así como en otras partes
del imperio, era su superficialidad antes que su fortaleza.
Es cierto que a pesar de los frecuentes reportes de corrupción
generalizada, las agencias de la autoridad central eran visibles y
razonablemente efectivas en Lima y en las demás ciudades y pueblos
importantes. Sin embargo, en las remotas aldeas de la sierra y en
los inmensos espacios vacíos entre los asentamientos en las fronteras
del imperio, el control de la sociedad y, de modo vago, la autoridad
política estaban en manos no de unos agentes de la autoridad colonial
fácilmente identificables, sino más bien de terratenientes, sacerdotes
y oficiales de la milicia locales, que luchaban por contener la endémica violencia social y étnica. Cuando el Estado colonial se entrometía de forma abierta en sus actividades, tendía a nombrar como sus
representantes en la zona —cobradores de impuestos, corregidores,
subdelegados, comisionados—, no a confiables peninsulares, de los
cuales en general había pocos fuera de los principales centros coloniales, sino a los criollos locales, los cuales tendían, en una arraigada tradición, a pensar que el otorgamiento de un cargo era una
oportunidad para enriqu ecerse personalmente. Los funcionarios
peninsulares se encontraban bajo gran presión —por motivos políticos, sociales e incluso económicos— para establecer vínculos
estrechos con las elites locales incluso en los grandes asentamientos
provincianos que pasaron a ser capitales de intendencia en la década
de 1780.
A pesar de la relativa debilidad del Estado colonial, sobre todo
lejos de los principales centros económicos y administrativos, existen
ciertos indicios de que durante la segunda mitad del siglo XVIII hubo
un esfuerzo concertado por mejorar la eficiencia del gobierno peruano en términos generales, y de las defensas en particular, mediante
un enfoque sistemático de la reorganización militar. Es claro que las