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JOHN FISHER
Jáuregui, el nuevo virrey, coincidía con él en este punto, a pesar de
que en general no podía trabajar con Areche.30
Jáuregui decretó la abolición del sistema de reparto a los pocos
días de recibir noticias del Cuzco sobre la dimensión y la naturaleza
de la rebelión indígena, iniciada el 4 de noviembre con el arresto de
Antonio de Arriaga, el corregidor de Tinta (y que entró a una nueva
fase el 10 del mismo mes con la ejecución de este último), dadas
“las injurias y daños que causaban a los indios, cuyas quejas inundaban los tribunales”.31 Otros prominentes funcionarios civiles y
militares peninsulares respaldaron la audaz medida del virrey y, si
bien en el corto plazo estaban comprometidos con el uso irrestricto
de la fuerza militar y las represalias para aplastar la rebelión, también
estaban decididos a que el sistema del repartimiento en particular, y
los corregidores en general, no fueran restaurados con la pacificación
de la sierra.
Gabriel Avilés —un futuro virrey del Perú (1801-1806)—, quien
dirigiera la principal fuerza militar enviada al sur del Perú a sofocar
la rebelión, tuvo una posición especialmente firme sobre el particular:
en 1782 le informó a Gálvez en términos nada ambiguos, y en base
no sólo a sus recientes experiencias sino también a una década de
residencia en el Perú antes de 1780, que “la mayoría de los corregidores, cegados por la codicia y llevados por el incentivo de las
ganancias usureras, creían justo forzar una esclavitud tiránica de los
indios”.32 Es claro que le estaba predicando a quien ya era un converso, pues Gálvez había tomado una posición similar varios años
antes, en base no sólo a los testimonios escritos sino también a su
30. En setiembre de 1781 Gálvez decidió retirar a Areche y transferir el mando de la
visita general a Jorge Escobedo, quien conspicuamente había tenido más éxito en
cumplir su cometido como subdelegado de la visita en Potosí: ibid., pp. 50-55. Para
mayor información sobre su carrera véase el apéndice 2.
GOBIERNO, DEFENSA E IGLESIA
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propia experiencia en la Nueva España. Ahora, las dimensiones y la
intensidad de los disturbios ocurridos en el sur del Perú, así como el
temor, no del todo paranoico, de que Gran Bretaña estuviera considerando atacar la costa peruana con la esperanza de aprovechar
el descontento interno, hizo que el problema de erradicar la mala
administración de las provincias fuera más urgente. Gálvez dio instrucciones tanto a Escobedo, el nuevo visitador, como a Croix, el
virrey entrante, de que procedieran a abolir el repartimiento sin demora o distracción, como parte integral del reemplazo de los corregidores con intendentes y subdelegados en todo el Perú .33
Estimulado, a comienzos de 1783, por otro claro testimonio de
Avilés sobre cuán probable era que los corregidores que regresaban
a las devastadas provincias provocaran nuevos disturbios, insistiendo
en cobrar viejas deudas a las comunidades rurales y hacer nuevos
repartos, Gálvez decidió en marzo destituir a Jáuregui por su “ineptitud” —Avilés había criticado su indecisión para proseguir la campaña contra los insurgentes sobrevivientes en 1782 y su parcialidad
para con los comerciantes limeños, quienes estaban presionando a
los corregidores para que pagaran los bienes del reparto qu e les
habían sido dados a crédito antes del estallido de la rebelión— y
luego tomar medidas inmediatas para extender el sistema de intendencias al Perú.34 Antes de 1780, le informó el ministro a Croix, “en
el Perú la atención se prestaba solamente a la extorsión del pobre
indio para toda posible ganancia temporal... Alrededor de ellos
veían sólo tiranos...”.35 En cambio, la introducción del sistema de
intendentes “por medio de la efectiva y única medida de abolir los
corregimientos y nombrar en las provincias magistrados selectos con
33. Hay ciertos indicios de que en setiembre de 1781, el exiliado jesuita peruano Juan
Pablo Viscardo y Guzmán intentó interesar a los funcionarios consulares británicos
en Italia en la posibilidad, algo fantástica, de ayudar a Túpac Amaru a cambio de recibir concesiones comerciales en un Perú independiente: Batllori, El abate Viscardo,
pp. 198-200. Véase también a Lewin, La rebelión de Túpac Amaru, pp. 277, 287-88.
31. Jáuregui al Cabildo eclesiástico de Huamanga, 20 de diciembre de 1780 (adjuntando
una copia del decreto del 18 de diciembre), AHMH, Colección Santamaría, Ms.
00126. Una versión presencial de la ejecución de Arriaga fue dada en 1783 por
Antonio de Figueroa, un soldado peninsular retenido en el campo rebelde: “...sumaria
reservada resivida pr el s’or Oydor Dn Benito de la Mata Linares s’re averiguar el
orig’n del Infame Josef Gabriel Túpac Amaru...”, AGI, Cuzco, Leg. 31.
34. Avilés a Gálvez, 28 de enero de 1783, AGI, Lima, Leg. 618; Gálvez a Croix, 28 de
marzo de 1783, AGI, Lima, Leg. 640.
32. Avilés a Gálvez, 30 de setiembre de 1782, AGI, Lima, Leg. 618.
35. Gálvez a Croix, 28 de marzo de 1783, AGI, Lima, Leg. 640.