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JOHN FISHER
rabiosamente anticriollo de las Indias (que compartía con Areche
la idea de que los americanos eran poco íntegros y honestos) veía a
los intendentes como el arma decisiva en su intento de revertir la devolución no planeada de la autoridad política a las elites locales
—conformadas por terratenientes, juristas, comerciantes y hombres
de Iglesia— que había tenido lugar en diversas partes del imperio
antes de 1750, y que les permitía tener un éxito considerable en
colocar a miembros de sus interconectadas redes familiares en la
burocracia colonial.
A mediados del siglo XVIII, el dominio criollo de la maquinaria
gubernamental americana fue especialmente marcado en las audiencias, en donde la combinación de la venta de cargos y la inercia administrativa habían provocado una situación, sobre todo entre 1740
y 1750, en donde la mayoría de los oidores eran criollos. Es más, a
varios de estos americanos nombrados se les permitió servir en los
tribunales de su tierra natal, haciendo así que a la Corona le fuera
virtualmente imposible defender la noción de que administrarían justicia imparcialmente y defenderían los intereses reales en el ejercicio
de su papel administrativo.13
Entre 1730 y 1750, más de la mitad (52%) de los 102 nuevos
ministros nombrados en las audiencias americanas fueron criollos.
Los intentos que Arriaga hiciera desde mediados de siglo por revertir
esta tendencia se vieron osbtaculizados por el respeto (tal vez exagerado) por los derechos de las personas que ya ocupaban su cargo,
y debido a que hubo pocas vacantes. Sin embargo, entre 1751 y
1777, los criollos de toda América apenas si obtuvieron doce de las
102 vacantes que hubo (12%) y, si bien la deliberada política propeninsular se suavizó durante el reinado de Carlos IV, en el periodo
1778-1808 apenas el 30% del total de cargos fue ocupado por los
criollos. Cuando a partir de 1810 los voceros criollos de América
exigían al Consejo de Regencia y a las Cortes la igualdad en el acceso
a los puestos públicos, luego del colapso del gobierno metropolitano,
no estaban solicitando algo nuevo sino la restauración de un antiguo
derecho, del que habían sido privados después de 1750.
13. Burkholder y Chandler, From Impotence to Authority, presentan un examen
autorizado de esta situación.
GOBIERNO, DEFENSA E IGLESIA
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Cuando Areche llegó a Lima en junio de 1777, la composición
de la Audiencia de Lima reflejaba el cuadro general arriba descrito:
no menos de once de los doce oidores eran criollos, siete de ellos
eran limeños y Alfonso Carrión, el único peninsular, estaba emparentado matrimonialmente con la familia Torre Tagle.14 La intención
de la Corona de detener la influencia de los magistrados nacidos en
América fue anunciada por el arribo del primer regente del tribunal,
Melchor Jacot Ortiz Rojano, un nativo de Málaga (al igual que Gálvez) que había servido durante una década como oidor en Valladolid: el puesto de regente fue inaugurado en todos los tribunales
americanos en 1776, precisamente con la finalidad de fortalecer la
influencia peninsular.15 Jacot permaneció en Lima hasta que fue
transferido al Consejo de las Indias en 1787, y sus dos sucesores en
la regencia —Manuel Antonio Arredondo (1787-1816) y Francisco
Tomás de Ansótegui (1816-1821)— fueron peninsulares con antecedentes similares.16
De igual modo la nueva Audiencia del Cuzco, fundada en 1787
después de la rebelión de Túpac Amaru, fue un tribunal peninsular
durante toda su relativamente breve existencia: al nombrársele para
el Consejo de las Indias en 1804, José de la Portilla (1787-1804),
su primer regente y un prominente miembro peninsular de la secretaría virreinal, fue sucedido por Manuel Pardo, quien sería hasta
1821 un firme defensor de los intereses peninsulares en el Cuzco,
no obstante haber contraído matrimonio en 1806 con Marina Aliaga
y Borda, hija y heredera del marqués de Fuente Hermosa, después
14. Campbell, “A Colonial Establishment”, p. 10. El apéndice de este artículo (pp. 2125) detalla las carreras, conexiones y bienes de los oidores, principalmente en base
al “Plan del tiempo de servicio que tiene cada uno de los señores Ministros de esta
Real Audiencia”, 20 de febrero de 1778, AGI, Lima, Leg. 1082.
15. Para mayores detalles de su carrera véase el apéndice 4.
16. Ibid. Las dificultades que la Corona debía enfrentar para mantener a estos
funcionarios por encima de los intereses locales quedan ilustradas por el hecho de
que tanto Arredondo como Jacot contrajeron matrimonio con prominentes familias
peruanas, aunque en el caso de este último la ceremonia se hizo por poder (Jacot
fue representado en la ceremonia de su matrimonio con María López de Maturana
por el conde de San Isidro, el prominente comerciante limeño) después que retornase
a Madrid y su primera esposa falleciese.