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JOHN FISHER
exactitud de este rumor sobre el impacto negativo que algunos aspectos cruciales del programa borbónico de reforma imperial tuvieron
en el Perú, es relevante tenerlo en cuenta en el presente capítulo,
que describe y evalúa las estructuras políticas, militares y religiosas
del virreinato después de 1750, dada la importancia suprema que
la estructura global y las iniciativas políticas impuestas al Perú desde
Madrid habrían de tener luego en dichas esferas.
Como ya se mencionó en la introducción, uno de los temas fundamentales de debate entre los historiadores de Hispanoamérica
durante el periodo borbónico, es cómo interpretar la política colonial
española de la segunda mitad del siglo XVIII en términos, no sólo
de sus objetivos y aplicación, sino también de sus consecuencias.
¿Fueron realmente las reformas borbónicas tan estructuradas, coherentes, libres de problemas, deliberadas y, sobre todo, rápidas, como
han argumentado sus apólogos? ¿O constituyen un mito historiográfico inventado por los ministros de Carlos III y enlucido por los
historiadores de los siglos XIX y XX que no lograron distinguir entre
las buenas intenciones y la realidad?
En otras palabras, en la actualidad se viene cuestionando cada
vez más la idea de que estas reformas fueron un proceso cohesivo
cuyo objetivo fue lograr un cambio racional, y cuya aplicación habría
dado lugar a un largo periodo de progreso y prosperidad que le
permitió a España explotar nuevos recursos en América, convirtiéndose en la fuerza material y espiritual de su regeneración. Ahora se
piensa que fueron un proceso dubitativo, incierto e incompleto, cuyo
único éxito fue darle a la América española el nivel de madurez y
confianza necesario para su transición a la independencia. Es más,
se opina que estas reformas buscaron explotar antes que iniciar el
crecimiento económico que había comenzado a manifestarse en
algunas partes de Hispanoamérica (entre ellas el Perú) a comienzos
del siglo XVIII, como un reflejo, tanto de su dinámica interna como
de su integración más estrecha, aunque extraoficial, en la economía
internacional más que en la ibérica.
con importaciones europeas baratas y extraido su capital circulante, por lo cual
exigía que se prohibiera del todo el comercio entre Buenos Aires y el Perú: Consulado
a Escobedo, 5 de mayo de 1787, AGI, Lima, Leg. 1111.
GOBIERNO, DEFENSA E IGLESIA
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En cierto sentido, la historia del Perú en el tercer cuarto de siglo
parecería justificar la interpretación más negativa sobre los objetivos
y logros de los Borbones, pues durante los largos gobiernos de los
virreyes Manso (1745-1761) y Amat (1761-1776), Madrid impuso
pocas iniciativas políticas, a pesar de su firme convicción de que el
nivel de la administración judicial y fiscal del virreinato era especialmente pobre.2 Por ejemplo, no obstante la detallada condena
que Juan y Ulloa, así como otros personajes, hicieran de los abusos
sufridos por las comunidades indígenas con el sistema del reparto
operado por los corregidores, la reglamentación emprendida por
Manso (y aprobada por la Corona en 1756) se limitó a fijar aranceles
—con un valor total de más de 5 millones de pesos— como base
para el pago de la alcabala.3 De igual modo su sucesor, tan dispuesto
a criticar a Manso en un informe secreto enviado a la Corona en
1762 por “el engaño que le causaron unos sacres solapados”, permitió que los abusos del sistema y la inevitable violencia que éstos
provocaban, persistieran durante todo su gobierno.4 Claro está
que éste no es sino uno de los numerosos ejemplos que demuestra
que a pesar de que en Lima y Madrid se sabía (o, más bien, se creía
saber) cuán urgentes eran las reformas, no se puso remedio alguno,
ya fuera porque los virreyes evitaban perturbar a las elites locales y/
o porque los ministros estaban ocupados en otros asuntos.
En el capítulo 1 se ha argumentado que en el virreinato peruano,
el periodo anterior a 1750 se caracterizó más por las contradicciones
e inconsistencias que por un proceso de reformas radicales —o incluso
graduales— desatado por el cambio de dinastía ocurrido en 1700.
Es claro que el gobierno de Castelfuerte (1724-1736) fue marcada-
2.
Una obvia excepción fue la reorganización militar emprendida por Amat, la cual
será examinada más adelante en este capítulo.
3.
Moreno Cebrián, “La línea reformista peruana en la dotación de corregidores”.
4.
Citado en la introducción, p. 81, de Moreno Cebrián a Manso, Relación. En su relación de gobierno, Amat pasó por alto su propio fracaso en llevar a cabo las reformas
y culpó a Manso por todos los abusos, informando que “Los aranceles formados
sólo sirven para el cargo de Alcabalas, pero de ningún modo para el arreglo de sus
procedimientos, pues cada corregidor reparte lo que le parece y a los precios a que
le induce su mal reglado autoridad y arbritrio”: Amat, Memoria, p. 89.