4 . Seguridad y orden . 5 . Respeto a los derechos fundamentales . 6 . Apertura en el gobierno 7 . Ejecución de sentencias regulada 8 . Acceso a justicia civil 9 . Justicia criminal efectiva 10 . Justicia informal
Este índice resulta de gran relevancia ya que pone atención en aquellos factores donde se identifica el respeto a los derechos , especialmente la manera en cómo las instituciones llevan a cabo prácticas que permiten visualizar y aplicar dicho respeto , es decir analiza el proceso de aplicación de los derechos involucrados . Por lo anterior , la propuesta planteada por dicho índice se vuelve de suma importancia a pesar de las limitaciones que presenta , pues no estable cual debe ser el rumbo a la línea a seguir de cada uno de los países analizados y que buscan lograr que aumente el estado de Derecho .
En el sentido específico que hace referencia al RLW este , es un instrumento adecuado para extraer los puntos relevantes referentes al acceso a la justicia en el país ( México ), por lo que el gran reto de este proyecto es adecuar dicho índice para evaluar la situación de acceso a la justicia en la entidad de México , lo cual es de interés prioritario en el presente documento .
Limitado poder de gobierno
El primer punto del RLW hace referencia a la limitación de poder , este busca identificar si las leyes y poderes de gobierno equilibran “ el poder ” de la misma forma busca identificar si en su interior existe el castigo por conductas sospechosas o ilegales , dirigidas a los funcionarios públicos . Este rubro hace referencia al comportamiento y actuar del poder de la Federación , es decir , a los poderes de la nación que deben contar con una Constitución en la que se establezca la separación y responsabilidad de cada uno de los poderes . Por lo anterior , se presume que dicha descripción corresponde más al Estado Nacional que a cada una de las entidades , exceptuando lo que hace referencia a la responsabilidad y castigo de las conductas sospechosas o ilegales de los funcionarios .
En el nivel estatal solo se contabilizó un evento que ha sido sumamente cuestionado , pues es referente a la figura del Fiscal del estado de Guanajuato , ya que este fue integrante del gabinete de gobierno de la entidad durante el periodo de administración estatal 2006 a 2012 , el periodo 2012 a 2018 y en 2023 continúa en funciones . El principal cuestionamiento a su desempeño consiste en que durante el periodo de administración de 2012 a 2018 , la situación de violencia y delincuencia se recrudeció , además de que al finalizar ese periodo gubernamental se cumplían nueve años en esta función , así pues , el mismo titular de la fiscalía sigue en función en el 2023 .
Impunidad y corrupción
“ Estadísticas reflejan violencia y delincuencia ”
En Guanajuato , al igual que en otras entidades , existe la problemática de impunidad , que es uno de los componentes del acceso a la justicia . En el caso de acusaciones sobre funcionarios públicos , estudiar la impunidad resulta interesante pues permite explorar qué tipo de delitos son aquéllos por los que se les señala , y se puede analizar la relación entre la creación de normas y reglas diseñadas para responder a los delitos emitidos por funcionarios , así como sus niveles de impunidad .
México cuenta con uno de los más altos niveles de impunidad en el mundo , presentando el 98 % en 2010 y en 2018 aumentó a 99.3 % ( IGI-MEX ); lo anterior significa que , de los delitos cometidos , menos de un delito por cada cien llegan a sentencia . Guanajuato esta situación cambió para bien y está mejor que otras entidades , pues de contar con un 98.3 %, que era mayor al promedio nacional , para 2018 bajó hasta 70.81 %, de acuerdo con el ( IGI-MEX ), corroborado por México Evalúa , que lo coloca a nivel nacional , sólo por debajo de Querétaro .
Ahora bien , como se mencionó en el anterior párrafo , la situación de impunidad en la entidad era grave , ya que durante el periodo de gobierno de 2006 a 2012 únicamente hubo una detención por cada 200 casos de denuncia ( Romo , 2013 ); bajo este supuesto , la impunidad a nivel ciudadano fue del 98 % en la entidad . Respecto al acceso a la justicia en casos con funcionarios públicos como responsables , comparando los periodos de 2006 a 2012 con en el periodo gubernamental de 2012 a 2018 , se puede ver un avance significativo , pues anteriormente no existía registro de los eventos de inhabilitación de los funcionarios públicos , lo cual ahora existe y se puede corroborar en la página de transparencia del estado 2 .
En la página de transparencia citada se muestra que la mayoría de las sanciones de los funcionarios señalados han derivado en inhabilitaciones , sin que quede precisado si existieron medidas de carácter penal . Con estos datos se puede ver que durante el periodo de gobierno de 2012 a 2018 los funcionarios públicos no enfrentaron las mismas sanciones que los ciudadanos , pues la mayoría de ellos solo enfrentó inhabilitación de funciones , por lo anterior es posible decir que la impunidad de los funcionarios no fue absoluta , más sí se puede hablar de leyes y procesos que fueron construidos exprofeso para la clase política , con el propósito de protegerse evitando sanciones de tipo penal .
Así pues , si bien existen sanciones sobre la clase política , la actua-
2 https :// serseps . strc . guanajuato . gob . mx / consulta . php
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JULIO - SEPTIEMBRE 2023 Visión Criminológica-criminalística