JULIO - SEPTIEMBRE 2023 VISIÓN CRIMINOLÓGICA-CRIMINALÍSTICA
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años el problema de seguridad pública en América Latina y por ende en México ha ido más allá de una cuestión policial , ya que , a pesar de todos los esfuerzos e inversiones hechas para equipar a las fuerzas de seguridad , la situación no cambia y esto se refleja en estadísticas . Es por ello que se han experimentado nuevas acciones en búsqueda de mejores resultados ante la estrategia emitida . Las acciones que mostraron mejores resultados fueron aquellas donde la represión o intervención directa no fue la única estrategia a seguir , y se acompañó de acciones preventivas , como la recuperación de espacios públicos perdidos y la reconstrucción del tejido comunitario , principalmente en áreas de alta vulnerabilidad y exclusión social , ejemplo de esto son Costa Rica , Nicaragua , Perú y Uruguay ( PNUD 2013 : 48 ).
Este descubrimiento respecto a la articulación entre los niveles de violencia , delincuencia y el nivel de desigualdad no solo hizo eco en las políticas sociales sino también en la propia autoconcepción que tenían los Estados de América Latina , ya que un elemento clave que justifica la existencia del Estado es la impartición de justicia , lo anterior no puede ser posible si el sistema legal no reconoce como necesario utilizar herramientas jurídicas que impacten en el problema de exclusión y desigualdad ,
“ Deficiencias institucionales ” puesto que si no hay equilibrio entre las leyes , las acciones y las decisiones del Estado no se puede impactar en el tejido social para fortalecer la vida comunitaria ( Waller , 2007 ; World Bank 2006 ; Valenzuela , 2011 ).
La afirmación anterior se transforma en una premisa central del acceso a la justicia puesto que , si las leyes y normatividades que constituyen la base del orden social no promueven la igualdad , entonces nada puede garantizar que se tengan que respetar los principios del Estado . La premisa anterior , se fundamenta en el supuesto que , si el Estado no busca que los más excluidos sean apoyados por este orden social , ellos no tendrán sentido para respetar y considerar al Estado , si la misma sociedad no los toma en cuenta ( Rawls , 1971 ).
Lo anterior identifica que el acceso a la justicia no sólo atañe al ámbito jurídico , sino que incluye a los ámbitos político y policial , pues dependiendo de su actuación se fortalecerán los derechos que constituyen a la propia ciudadanía y por ende se considerarán como legítimas las acciones del propio Estado ( Alvarado , 2008 ), pues este , no solo buscará cumplir con la ley sino incluir a todos los integrantes de la sociedad , especialmente a aquellos que se consideran más vulnerables . Derivado de estos supuestos , en México numerosos actores han propuesto iniciativas que han llevado a profesionalizar la actuación de las policías1 . En este sentido , se han llevado a cabo acciones en materia jurídica que dan paso a las reformas del sistema penal , incorporando un sistema penal acusatorio que deja en desuso el sistema inquisitorio ( Soria y López Portillo , 2015 ).
Todo este andamiaje refleja que los resultados han sido bajos , pues lejos de solucionar el problema de la delincuencia y la violencia , éstas se han presentado cada vez más , llegando a cifras preocupantes . En el mismo sentido México pasa por una de las peores crisis de violencia y es importante remarcar que a dichos niveles de violencia se les agregaron los delitos del fuero común . En Guanajuato , la entidad en la que se basa el presente estudio , a partir de la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República , se identificó un aumento significativo en la inversión de infraestructura y equipamiento , que en su momento permitió que la industria a nivel internacional identificara dicha entidad como un buen lugar para invertir , pues no presentaba riesgos naturales como costas , volcanes o zonas sísmicas y existía un ambiente generalizado de paz social .
Lo anterior se fue deteriorando y la entidad se convirtió gradualmente en una de las más violentas a nivel nacional ( índice de paz , INEGI , SNSP ). Ante el panorama descrito , el presente documento pretende dar seguimiento al periodo de gobierno estatal 2006 a 2012 [ Vega , 2017 ] basado en Rule of Law Index que se explica a continuación .
The Rule of Law Index
El instrumento Rule of Law Index ( RLW ) 1 fue diseñado por el WJP2 . Tiene como propósito conocer el nivel de transparencia y rendición de cuentas de una entidad y es conceptualizado como monitoreo de la salud institucional de un país , pues al mismo tiempo que analiza la rendición de cuentas de los funcionarios públicos , coloca bajo la supervisión de autoridades a las instituciones que protegen a los derechos humanos fundamentales y permite que cualquier persona pueda acceder a la justicia .
Este índice está fundamentado en un sistema basado en reglas que deben ser obedecidas por todos , tanto ciudadanos como gobernantes , con el propósito de que exista control democrático civil de la élite política , policial y militar . El RLW es de reciente creación ( 2007 ) y fue diseñado por un grupo interdisciplinario y multinacional , consiste en aplicar una herramienta de evaluación de tipo cuantitativo que ofrece una muestra de la cobertura y aplicación práctica que tiene el Estado de Derecho en cada país y se compone de diez factores que , a su vez , se desglosan en 49 sub-factores :
1 . Limitado poder de gobierno . 2 . Ausencia de corrupción . 3 . Leyes claras , estables y difundidas .
1 https :// worldjusticeproject . org / our-work / research-and-data / wjp-rule-law-index-2019