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En el caso de El Salvador, las competencias municipales se encuentran contempladas en el Código Municipal de El Salvador, que de acuerdo al mismo, estas competencias se desarrollan en el marco de la participación ciudadana y cuya promoción debe ser orientada a la responsable solución de los problemas locales, en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población. Asimismo, decreta los mecanismos de participación ciudadana que serán regulados por las mismas para garantizar el ejercicio participativo ciudadano, a través de la toma de decisiones en asuntos de interés público y local (Código Municipal de El Salvador, Art. 4, inc. 8 y Art. 115).

Actualmente, en Latinoamérica las administraciones públicas incursionan en el modelo de gobierno electrónico, como la aplicación de las NTIC al funcionamiento del sector público, con el objeto de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana (XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, 2007).

La implicación de las NTIC produce cambios radicales en la gestión pública y privada, por lo que los alcances y beneficios de este modelo, no son comprendidos en las reformas y políticas de los proyectos de informatización pública, como la reducción de costos en la atención de usuarios, mayor calidad en el servicio, simplificación de procesos administrativos y mayor rapidez en la presentación de información, posicionamiento de la imagen y transparencia administrativa; beneficios que permiten el flujo libre de información sobre la gestión gubernamental, incrementando así la participación ciudadana en asuntos políticos.

Para dar paso a este incremento en el modelo de gobierno electrónico, es necesario que las gestiones públicas reduzcan la brecha digital en las sociedades y desarrollen estrategias para la inclusión digital de los ciudadanos. Esta brecha representa la falta de acceso e infraestructura de NTIC en las administraciones públicas y hacia los ciudadanos, falta de capacitación y educación para desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos técnicos en la utilización de los servicios públicos a través de estas tecnologías. Al igual, establece una diferencia entre segmentos poblacionales de los municipios, los sectores que tienen acceso a los servicios públicos a través de la internet, que puede estar referida a aspectos económicos entre quienes pueden costear la tecnología y los que no, generado un problema de gobernanza para las instituciones por propiciar una forma de exclusión social (Agustín y Clavero, 2009).

En este aspecto, los gobiernos han establecido la voluntad política de favorecer las condiciones necesarias para desarrollar sociedades de información, a través de políticas públicas para la construcción y administración de contenidos y el desarrollo de las NTIC en el sector público, estableciendo un marco referencial de inclusión digital, el cual representa el desarrollo de estrategias de participación ciudadana en las diversas estructuras de la sociedad, proporcionando infraestructura tecnológica, alfabetización digital, condiciones necesarias para el flujo y el acceso a la información (Organización de las Naciones Unidas, 2004).

De igual manera, como parte de la evolución de las administraciones públicas, la comunicación es un factor inherente a la participación ciudadana, convirtiendo al gobierno en un instrumento diseñado para sostener la popularidad de un partido o candidato en la administración pública (Blumenthal, 1980), haciendo uso del cargo público para desarrollar acciones comunicacionales que permitan la continuidad al frente de las instituciones estatales, determinando de esta manera que gobernar se convierte en una campaña gubernamental permanente.

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