Durante los últimos años los países latinoamericanos han obtenido diversas transformaciones políticas para el fortalecimiento de la democracia, como la descentralización estatal otorgando funciones y responsabilidades a gobiernos locales, con el objeto de mejorar la capacidad de respuesta y responsabilidad política del Estado, permitiendo a las entidades públicas interactuar de manera directa con la ciudadanía.
Con el resultado de estos nuevos escenarios, se abre paso a la gobernanza democrática, entendida como la acción de gobernar a través de gestiones estatales e interacción conjunta entre el sector público, privado y social (Hernández-Bonivento, 2011). Esta visión apoya la integración y participación de diversos grupos sociales para el mejor desempeño y coherencia de los gobiernos, a través de la creación de espacios de interacción de los ciudadanos dentro de la toma de decisiones públicas, dejando de lado la forma consultiva donde el ciudadano era considerado como el cliente de los servicios públicos y no como un co-gobernador de la administración pública.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2010) indica que cada Estado deberá lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades y de asociarlos activamente a la gestión del mismo, a través de la implementación de estrategias que estimulen a las comunidades hacia la participación en los procesos de desarrollo local, conformando una planificación prioritaria para desarrollar estados democráticos y sostenibles.
Introducción
"Durante los últimos años los países latinoamericanos han obtenido diversas transformaciones políticas para el fortalecimiento de la democracia"
Sin embargo, la participación ciudadana es confundida con otras formas de participación a las cuales no reemplaza: a) participación social, que se refiere a las organizaciones de individuos provenientes de la sociedad civil, para la defensa de intereses sociales en donde los integrantes no se relacionan con el Estado, sino con otras instituciones sociales; b) participación política, la intervención de los ciudadanos por medio de sus representantes y partidos políticos; c) participación comunitaria, constituye las iniciativas ciudadanas con el propósito de recibir asistencia estatal para atender asuntos inmediatos de interés colectivo (Cunill, 1991).
A diferencia de estos tres tipos de participación, la participación ciudadana representa una “forma de participar, controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos a través de formatos y mecanismos de participación ciudadana, que fortalezcan y nutran la vida democrática de la sociedad” (Pérez, 1999, p.178). Es decir, es un factor fundamental para el desarrollo sostenible de las naciones, garantizando un proceso sistemático en las sociedades, que incide en la vida pública, a través de la normativa legal, que permite una corresponsabilidad, actuando de manera asociada con sus gobernantes con el objeto de procurar el bien común.
13