denunciando y exigiendo el desarrollo
reglamentario de la Ley 6/2015 de 24 de marzo
de la Vivienda de la Región de Murcia aún sin
desarrollar, denunciando los cortes de luz, agua
y gas a las familias sin recursos, denunciando
todos los días la inseguridad y la falta de
alquileres asequibles, recordándonos cada día
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
condenado ya ocho veces la legislación
hipotecaria como ilegal, denunciando cada día la
criminalización de cientos de familias que se han
visto obligadas a ocupar viviendas vacías para dar
cobijo a sus hijos e hijas, porque nos recuerdan
cada día que el constitucional levantó
parcialmente la suspensión de dicha ley obligando
a los bancos a ofertar un alquiler social previo al
desahucio, garantizando los suministros básicos.
Por todo esto no está la PAH, no está en el
Consejo de la Vivienda de la Región de Murcia, es
decir, las cientos de familias murcianas que han
sufrido los efectos más devastadores de esta
supuesta crisis no están representadas en ese
Consejo, mientras que sí lo están las entidades
financieras de la región de Murcia o la federación
regional de empresarios de la construcción.
Saquen sus propias conclusiones sobre los
intereses del gobierno del PP y para quien
gobiernan.
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