OPINIÓN
De la vivienda y otros "lujos" de las clases
populares
Por María Marín, secretaria de Derechos Sociales y
Ciudadanía de Podemos Región de Murcia.
El pasado día 4 de noviembre salía publicado en
el BORM el Decreto n.º 244/2017, de 25 de
octubre, por el que se regula la organización,
composición y régimen de funcionamiento del
Consejo de Vivienda de la Región de Murcia y
según reza el propio decreto aparecía una vez
“cumplido el trámite de audiencia a los distintos
agentes del sector de la vivienda, previo dictamen
del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia”.
Cual era nuestra sorpresa al leer el artículo 4
sobre la composición del mismo que al parecer
uno de esos “agentes del sector” no era la PAH o
ninguna otra asociación antidesahucios,
plataformas y asociaciones que llevan más o
menos desde el 2008 luchando por los derechos
de la ciudadanía denunciando la estafa
hipotecaria, la connivencia de determinadas
administraciones con los intereses de la patronal
inmobiliaria por encima de derechos básicos de la
ciudadanía y proponiendo medidas legislativas
para paliar los dramas causados en muchas
familias murcianas por el estallido de la burbuja
inmobiliaria.
Al parecer, para estos adalides a los que se les
llena la boca de patriotismo y que no dudaron en
reformar el artículo 135 de nuestra Constitución
en una bochornosa, en muchos sentidos, noche
de verano, con la inestimable ayuda del PSOE y
su entonces diputado raso por Madrid Pedro
Sánchez, en aras de “reforzar la confianza del
país respecto de nuestros inversores”. Les
importó poco la justicia social y el bienestar de
las familias o que hayan aplicado
recientemente de manera irresponsable el
artículo 155 en Cataluña forzando su
interpretación estando en la mano del propio
gobierno modular sus efectos, siendo esto
parte de una estrategia de las élites de este
país para controlar de manera centralista
todas las autonomías. No parecen
preocuparse tanto cuando no se cumplen
otros artículos recogidos en la constitución
española fundamentales para la vida digna de
nuestra ciudadanía como el artículo 47.
Este artículo garantiza el disfrute de una
vivienda digna y adecuada, siendo los
poderes públicos los responsables de
promover las condiciones necesarias y de
establecer las normas adecuadas para hacer
efectivo este derecho. También está recogido
este derecho en el artículo 25.1 de la
Declaración Universal de los DD.HH y en el
artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
pero parece que poco o nada les importa.
La PAH a día de hoy sigue trabajando y
denunciando los casos de desahucios en
nuestra región que han sido en el primer
trimestre de este año un 2.2% superior al
anterior, con una media de 7 diarios,
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