2) P erspectivas
locales y federales sobre la inseguridad
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probable que sea controlada totalmente por
el gobierno estatal de la segunda alternancia.
Los ocho años de acción pública sumada de
estas dos alternacias opuestas (2017-2024)
serán insuficientes para revertir un proceso
que ha durado por lo menos una década,
pero sintetiza viejos procesos de violencia
acumulada.
En algo tenía razón la vieja clase política. La
narrativa gubernamental del viejo régimen
-compartida ahora por redes de la nueva
clase política de la segunda alternancia- es
aceptable respecto de argumentos acerca de
la amplitud del espacio geográfico, dispersión
poblacional, inestabilidad del estado de fuerza
o la complejidad de las cadenas de violen-
cia acumulada y el ciclo de impunidad que
obstaculiza la reforma de la justicia penal. Es
verdad que la violencia se ha acumulado en
ciertas regiones en las cuales perduran nuevas
generaciones caciquiles, redes políticas que
financian actividades electorales sin regulación
institucional, redes ilegales que extraen renta
de la población y han corrompido algunas re-
des burocráticas en instituciones municipales
y subnacionales.
En este escenario, la alternancia panista (2017-
2018) optó por la coordinación de fuerzas de
los tres niveles de gobierno, pero partidizó
la seguridad pública ante la emergencia de
la oposición morenista que triunfaría en el
estado como segunda alternancia (ejemplo
es el conflicto entre el gobierno del estado
y el gobierno municipal de Xalapa en torno
de la necesidad de que el nuevo gobierno de
alternancia creara su propia policía municipal,
cuando históricamente el gobierno del estado
se hizo cargo de ella durante el ciclo final del
viejo régimen). Así, el primer acontecimiento
de la instalación del gobierno panista en 2017
fue el control de saqueos a tiendas de con-
veniencia en diversas ciudadades del estado,
en las cuales participaron grupos sociales
de colonias periféricas inducidos por líderes
típicos de una “zona gris”, mediante la confor-
mación de un mando coordinado que reunía
fuerzas federales estatales y municipales que
se hicieron cargo de la seguridad pública en
el breve ciclo gubernamental de dos años.
La estrategia del gobierno panista fue la ex-
tensión de la militarización de la seguridad
pública como mecanismo de contención y
la prolongación discreta de la reforma de
la justicia penal, mientras focalizó sus prin-
cipales acciones públicas y mediáticas a la
anticorrupción y el clientelismo, para reparar
el daño patrimonial del último gobierno del
viejo régimen, mientras se preparaba para la
nueva coyuntura política en la cual enfrentaría
a MORENA en 2018.
La estrategia del actual gobierno ha sido
la implementación de la estrategia del go-