Brújula Ciudadana 109
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los incentivos de prevención deberán ser
distintos para ser efectivos.
También se deben generar los incentivos
laborales correctos para que los funcionarios
tengan una carrera y un futuro asegurado si
cumplen adecuadamente con sus funciones.
Todo esto requiere tiempo y presupuesto que
es necesario invertir para reducir el índice
de impunidad delictiva.
Experiencias internacionalmente nos indican
que la manera mas eficiente de reducir la
corrupción y la tentación a ocultar la con-
ducta delictiva dentro de las instituciones
policiales y de procuración de justicia es que
exista un órgano de supervisión externo,
compuesto por ciudadanos, que se encargue
de monitorear y transparentar las conductas
problemáticas. Es vital que se implementen
estos órganos de supervisión externos en las
policías locales, la Guardia Nacional y en las
fiscalías estatales y federal.
Debemos presionar para que haga una me-
jor función de autosupervisión de jueces
pues estos también son susceptibles de ser
amenazados por delincuentes y/o tentados
por la corrupción. En fechas recientes hemos
visto casos de jueces claramente al servicio
de las bandas delictivas, esto es muy delica-
do, pues si el juzgador es percibido como
corrupto, se destruye la confianza en todo
el sistema. Es crítico que el poder judicial
mantenga autonomía del poder ejecutivo,
de lo contrario siempre existirá la tentación
de usar la justicia para fines políticos.
Hay dos instituciones más que son parte del
sistema para lograr seguridad y que reciben
poca atención del público: la primera es el
servicio de defensoría pública, esto son los
abogados pagados por el estado para defen-
der a los que no tienen medios para contratar
defensa privada, y la segunda es el sistema
penitenciario. La defensoría pública en un país
como México es una institución clave, pues es
la que debería garantizar el acceso a la justicia
a la mayoría, hoy está abandonada, no tiene
recursos ni incentivos laborales que garanticen
su funcionamiento, necesitan presupuesto y
reorganización. El sistema penitenciario debe
ser el lugar geográfico en donde el estado
tiene más control, pues tiene, o debe tener,
control total. Hoy en nuestro país esto no
es así, el Estado debe imponerse y controlar
todos los centros penitenciarios.
Si no existe voluntad política de reformar
el conjunto de instituciones que conforman
todo el sistema de impartición de justicia,
difícilmente lograremos tener seguridad en el
país. La buena noticia es que el gobierno actual
tiene el compromiso de campaña, mayorías
legislativas y apoyo social para llevar a cabo
la transformación necesaria.