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Brújula Ciudadana 88
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En escenarios de infiltración , cooptación y manipulación masiva de las instituciones , la mayoría de conceptos , metodologías de investigación y tipificaciones penales de la corrupción son insuficientes . En este caso , entender las interacciones entre los agentes participantes en el mercado de capacidades institucionales , y las características estructurales de las redes ilícitas , requieren conceptos , métodos de investigación y jurisprudencia que usualmente no tienen los investigadores , fiscales , jueces . Enfrentar estas situaciones , por lo tanto , requiere extender los límites conceptuales y metodológicos de la investigación , el juzgamiento y la sanción de la corrupción .
En Colombia , por ejemplo , enfrentar la cooptación masiva entre funcionarios públicos , líderes políticos , empresarios y narco-paramilitares , requirió que la Corte Suprema de Justicia adoptara la investigación , juzgamiento y sanción a funcionarios públicos de altos cargos . En su momento , las restricciones legislativas y burocráticas , así como la cooptación criminal misma , hacía casi imposible que la Fiscalía General de la Nación investigara y sancionara al casi 40 % del Congreso de la República que en la legislatura 2002 - 2006 estableció y firmó acuerdos con las AUC para “ refundar la patria ” Colombiana , como quedó plasmado en el pacto confidencial firmado en Santafé de Ralito el 23 de Julio de 2001 .
Los códigos penales y los sistemas de justicia están usualmente mal preparados para enfrentar escenarios de cooptación masiva y sofisticada como el observado en Colombia , en los que , por ejemplo , no hay sobornos . Por este motivo , la Corte Suprema de Justicia expandió la jurisprudencia con la figura del “ Concierto para delinquir agravado ”, resaltando así una mayor gravedad cuando el concierto conduce a la comisión de delitos de lesa humanidad . Sólo gracias a esta tarea histórica adoptada por la Corte fue posible , por ejemplo , que congresistas recibieran penas de hasta 40 años por su apoyo a la ejecución de masacres .
Adicionalmente , entender las complejas maquinarias de violencia y corrupción en Colombia , ha requerido métodos de investigación y argumentación jurídica innovadores , que incluyen protocolos y herramientas tecnológicas para organizar , sistematizar y visualizar extensos volúmenes de información , acompañados de argumentación jurídica que incluye conceptos como “ sistemas criminales ”, “ redes criminales ” o “ máximos responsables ”. Sin estos conceptos , el apoyo de líderes políticos , empresarios o funcionarios públicos a esas empresas criminales , podría interpretarse como causalmente irrelevantes en las acciones de los agentes narco-paramilitares , y sus acciones habrían quedado impunes .