BRUJULA CIUDADANA Fin a la corrupción. el gran desafío | Page 23

1) A rquitectura
institucional de cara a la corrupción
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El grave problema de la no
denuncia
En nuestros días se documenta un cambio
de fondo en la manera de entender la co-
rrupción. En los estudios más recientes, la
corrupción ha dejado de abordarse como
la obtención de un beneficio particular de-
rivado del desempeño de un cargo público,
mudando su enfoque a uno que la entiende
como problema altamente sofisticado. La
corrupción se analiza hoy en día como con-
cepto complejo, socialmente estratificado,
multifactorial y adaptativo. Se le considera
de esta manera como fenómeno “sistémi-
co”. Así vista, la corrupción no es algo que la
sociedad logra erradicar cien por ciento; es
más bien un fenómeno que se debe contro-
lar, limitar, contener como conducta desvia-
da de la norma. Robert Klitgaard (1998), de
forma ilustrativa, ha definido la corrupción
como comportamiento previsible, evitable y
que puede incluso resumirse en una simple
ecuación. Afirma que la corrupción (C) es
el resultado de sumar discrecionalidad (D)
con el monopolio de las decisiones (MD),
restando a ello los esfuerzos que posibilitan
la rendición de cuentas (RC).
En un país como México, si se quiere reducir
la corrupción siguiendo la fórmula de Klit-
gaart, la ciudadanía está llamada a disminuir
la discrecionalidad y a exigir más rendición
de cuentas, al tiempo que se vigile estre-
chamente lo que deciden los tomadores de
decisiones a la hora de utilizar nuestros re-
cursos públicos. Precisamente ahí es donde
la gobernanza del Sistema Anticorrupción, la
parte donde los ciudadanos están llamados a
actuar, cuenta con uno de los más grandes
retos: fortalecer la denuncia; a continuación
demostramos por qué.
En la edición 2017 de la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental (me-
jor conocida como la ENCIG), levantada del
6 de noviembre al 15 de diciembre de 2017,
los datos sobre corrupción demuestran
la alta victimización e incidencia que ésta
representa para la ciudadanía. Desgracia-
damente, esta afectación no se traduce en
altos índices de denuncia. Esto evidencia que
el Sistema Nacional Anticorrupción carece
de una política de denuncia que garantice
anonimato, protección o premie la delación
de funcionarios, servidores públicos o parti-
culares involucrados en actos de corrupción.
De los más de cinco millones de perso-
nas encuestadas (población de 18 años o
más que sufrió algún acto de corrupción
en las entidades federativas), resultó que
solo poco más de 240 mil interpusieron
denuncia; es decir, un promedio nacional
de apenas el 4.2 por ciento de las víctimas.
La entidad federativa que más denuncias