BRUJULA CIUDADANA El PND 2019-2024 y el federalismo | Page 41

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federalismo y el nuevo régimen político
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no habían gozado desde la segunda década
del siglo XX. control de los alcaldes y de las instituciones
locales de educación superior.
El empoderamiento de los gobernado-
res condujo a una exigencia creciente de
transferencias de recursos desde la fede-
ración a los estados, pero sin que estos
asumieran responsabilidades específicas
en la generación de recursos propios. Los
gobernadores ejercieron una especie de
rentismo fiscal, en el cual ellos no con-
tribuían a la recaudación y, por tanto, no
pagaban el costo político de cobrar im-
puestos, pero, en cambio, sí recibían pro-
porciones crecientes de los recursos públi-
cos, que además podían usar con absoluta
discrecionalidad. En efecto, no existieron
nunca mecanismos eficaces para obligar
a los gobernadores a rendir cuentas del
uso de los fondos federales trasferidos. La
Auditoría Superior de la Federación rindió
cientos de informes que ameritaban la pre-
sentación de denuncias penales por parte
de la Procuraduría General de la República
en contra de gobernadores estatales y sus
funcionarios, pero nunca procedieron por
decisión política presidencial. Para colmo,
los gobiernos estatales fueron designados
como canal de distribución de las transfe-
rencias y subsidios del gobierno federal a
los gobiernos municipales y a las univer-
sidades públicas estatales, dándole así a
los gobernadores un excelente medio de La transición a la democracia electoral en
el año 2000 a escala nacional produjo así
un sistema político caracterizado por la
combinación de un gobierno federal so-
metido a relativos controles democráticos
por el Congreso y las instituciones autóno-
mas, con gobiernos estatales autoritarios,
empoderados por la descentralización del
gasto, que no tuvieron controles demo-
cráticos locales efectivos debido a que
los gobernadores mantuvieron su control
sobre el congreso local, el poder judicial y
las instituciones autónomas. En suma, un
gobierno relativamente democrático a nivel
nacional con gobiernos autoritarios a nivel
subnacional, creando un régimen híbrido.
Este modelo, ampliamente estudiado por
Gibson (2013), trae como consecuencia la
preservación de un orden político territo-
rial marcadamente autoritario. El caso de
Veracruz ha sido paradigmático al respecto
(Olvera, 2018).
Lo que aconteció en Veracruz y otros esta-
dos del país en este ciclo histórico es que
los gobernadores y sus equipos cercanos se
apoderan en forma privada de la renta es-
tatal con el fin de garantizar la reproducción
de su grupo político y la mayor influencia
del mismo en la política nacional. En este